Por disposición de Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, este jueves, a las 10h00, iniciará el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, sobre la base del informe preparado por la Comisión de Biodiversidad.
El organismo legislativo tramitó el proyecto de reformas presentado por la legisladora Brenda Flor. Las modificaciones que se incluyen en el informe fortalecen la institucionalidad del territorio insular en su capacidad de monitoreo, resguardo, conservación y control de las áreas naturales protegidas, incluida la reserva marina y la coordinación entre los diferentes actores públicos y privados. Define en qué consiste un Régimen Especial, bajo la perspectiva de conservación ambiental con el que fue constituido.
Además, se fortalece la coordinación entre el Consejo de Gobierno y las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad y la soberanía territorial y marítima, con el fin de reducir las vulnerabilidades de la provincia de Galápagos y consolida la formulación de una política pública preventiva y no solo reactiva.
En virtud de que la norma vigente no determina la aplicabilidad del principio del derecho preferente y las acciones afirmativas que lo viabilicen, en el informe se toma en cuenta este particular para la contratación o concurso público de méritos y oposición en las entidades del sector público y privado. Además, se desarrolla el concepto de derecho preferente de los residentes permanentes de la provincia de Galápagos en el acceso a recursos naturales y a las actividades ambientalmente sostenibles que se efectúen en dicha provincia; y, se determina que gozarán de acción afirmativa para acceder a procesos laborales del sector público o privado, operaciones turísticas, nuevas inversiones productivas y contratación pública.
Considerando la importancia de garantizar la protección de la biodiversidad de la provincia insular, se fortalece al Parque Nacional Galápagos y a la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena, clarificando sus competencias, atribuciones, con la garantía de su autonomía administrativa y financiera.
Adicionalmente, se establecen los principios de seguridad jurídica para las nuevas inversiones en el archipiélago, que mejoren la calidad de los bienes y servicios, en el marco de la garantía del acceso preferente de los residentes permanentes.
Se mejora la capacidad sancionadora del Consejo, dotándola de competencia para emitir políticas públicas para establecer planes, programas y proyectos en materia de educación, salud, deporte, trabajo, seguridad, infraestructura portuaria y aeroportuaria, transporte, entre otras, en coordinación con las entidades rectoras correspondientes.
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