Con siete votos, los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos aprobaron una resolución a través de la cual solicitan a Elizabeth Cabezas Guerrero, titular de la Asamblea, remita a la Corte Constitucional el proyecto de Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, para que emita el correspondiente dictamen sobre la constitucionalidad del artículo 14, que determina beneficios tributarios para este sector de atención prioritaria.
El artículo 139 de la Constitución establece que si la objeción del Presidente de la República se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, requerirá dictamen de la Corte Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de 30 días.
Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad del artículo 14 del proyecto en mención, la Asamblea Nacional realizará las enmiendas necesarias para que el proyecto pase a la respectiva sanción, pero si su pronunciamiento es que no hay inconstitucionalidad, la Legislatura lo promulgará y ordenará su publicación.
El Mandatario fundamenta que, según la Constitución, solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos.
En su texto alternativo, el presidente de la República, Lenín Moreno, plantea que la exoneración de impuestos fiscales y municipales sea del 50 %, mientras que la Asamblea no determinó ningún porcentaje.
Una vez que se resuelva este tema, la mesa podrá analizar el resto de las observaciones. El Ejecutivo estableció 28 observaciones. La Constitución determina que si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, como sucedió en este proyecto, se resolverá primero esta parte del veto.
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