Los parlamentarios tienen previsto reunirse esta semana para aprobar el informe para segundo debate del proyecto de Código de Comercio, que busca dinamizar las transacciones comerciales, mediante el intercambio justo, a través del desarrollo de mecanismos que, por un lado, maximicen los derechos a desarrollar actividades económicas, la libertad de contratación y acceso a bienes y servicios, tanto públicos, cuanto privados de calidad; y, por otro, se equilibre la intervención subsidiaria del Estado en los intercambios y transacciones económicas.
El proyecto, de iniciativa del exlegislador Galo Borja, tuvo como base la necesidad de compilar la serie de reformas que se dieron en materia de derecho mercantil que forma para del Código de Comercio y dando lugar a áreas de especialidad, tales como el societario, monetario, financiero y el mercado de valores, con la cual se regulan las conductas anticompetitivas, la que atañe a la defensa de los consumidores, que precautela los intereses de quienes adquieren productos y contratan servicios.
Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, subrayó que la actualización de las normas legales es un imperativo, a fin de ponerle a tono con las normas constitucionales que establecen el comercio justo, sostenibilidad y responsabilidad social y ambiental, en armonía con una intervención equilibrada y subsidiaria del Estado en los intercambios y transacciones económicas.
Mencionó que contar con normas jurídicas previas, claras y públicas, contribuye con la certeza de las relaciones transadas dentro del ámbito mercantil e incentiva el desarrollo de nuevas actividades comerciales, reduciendo los costos de transacción, las barreras de entrada y las asimetrías de información.
En ese sentido, se toma en cuenta la tendencia mundial, como en los casos de las normas sobre compraventa internacional de mercaderías, formas estandarizadas de contratación internacional, normas de interpretación de términos comerciales, reglas y usos uniformes sobre crédito documentario, la deferencia al sometimiento a disputas mercantiles a centros de arbitraje internacional que tienen sus propias reglas, entre otras, agregó.
El proyecto está dividido en un título preliminar y siete libros y cada uno de ellos puede estar dividido, según sea el caso, en títulos, capítulos, secciones, subsecciones y parágrafos; contiene artículos en numeración sucesiva, sostuvo Pabel Muñoz.
JLVN/eg
