La Comisión Ocasional para Atender los Casos de Desaparecidos, presidida por el asambleísta Absalón Campoverde, recibió al fiscal General encargado, Paúl Pérez Reina, quien informó las cifras que manejan sobre personas desaparecidas, los protocolos para su búsqueda y localización y los nudos críticos que existen en los procesos investigativos, entre otros puntos.
Precisó que la institución creó 12 unidades especializadas para la investigación de personas desparecidas y actos administrativos, tomando en cuenta las provincias de mayor incidencia en cuanto a esta problemática: Guayas (3), Pichincha (3), El Oro (1), Los Ríos (2), Manabí (2), cuyo equipo colabora con el titular de la acción penal, a fin que se despachen todas las diligencias, de acuerdo con los protocolos que se construyeron con base en las experiencias locales y de países de la región, especialmente de Colombia.
Aclaró que frente a las denuncias de desapariciones se activan inmediatamente los mecanismos técnicos de investigación, en coordinación con la Policía Nacional, para lo cual se creó una pagina web y el aplicativo móvil, fundamentalmente para el Programa de Alerta Emilia, al enfatizar que se ha fortalecido el talento humano, la actualización de conocimientos, la cooperación internacional, la capacitación, así como la consolidación de la información.
Comentó que en la reunión de Procuradores y Fiscales de la región se acordó definir equipos conjuntos de investigación en diferentes temáticas, más aún en el caso de personas desaparecidas, que posibilite un intercambio directo de información. Anunció la presentación de dos proyectos de ley orgánicas de Actuación Integral en Casos de Personas Desaparecidas y Contra el Crimen Organizado, esta última como una herramienta para enfrentar la situación en la frontera norte.
Inquietudes
De su lado, la asambleísta Marcela Holguín planteó que la Fiscalía incorpore el tema de enfoque de género e interculturalidad en la propuesta legal, considerando que el número de mujeres desaparecidas sobrepasa el 60 % del total de estos casos. También, que en la mesa interistitucional participen las organizaciones de familiares.
Es indispensable un registró único, que procese los datos de las entidades oficiales y de los allegados de desaparecidos, puesto que difieren significativamente de dos mil y cuatro mil, respectivamente.
Para el parlamentario Jaime Olivo, es necesario que haya estabilidad en el manejo de las causas dentro de las fiscalías, para evitar que el cambio o remoción de fiscales incidan en la postergación del avance de la indagación.
A criterio de la legisladora Gabriela Larreátegui se requiere la presencia permanente de psicólogos para atender a los familiares afectados por este tipo de fenómenos.
El Fiscal Pérez aclaró que el cambio de fiscales, en muchos casos, obedece a un pedido de los propios familiares.
MG/eg
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