La Comisión de Participación Ciudadana junto a la Defensora Pública, Gina Benavides, analizó el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Benavides señaló que es fundamental la reinstitucionalización que se lleva adelante en el país y advirtió que la institución durante una década perdió la relación con las organizaciones de la sociedad civil.
La Defensoría se convirtió en un espacio que posicionaba los postulados de un determinado tipo de gobierno y no con las necesidades reales del país y de las personas, dijo, al señalar que han pasado 21 años desde su creación en 1997 y no tiene un marco legal acorde con los tiempos y al nuevo contexto constitucional que vive el país.
La Defensoría del Pueblo debe ser más funcional para proteger efectivamente los derechos de las personas; debe combinar competencias en el aspecto de tutela de los Derechos Humanos y de la naturaleza, sostuvo la funcionaria.
Tras asegurar que luego de dirigir tres meses y medio la institución ha detectado limitaciones administrativas, financieras y operativas, precisó que las competencias de la Defensoría tienen que ver con la tutela de los derechos de los habitantes del país y de ecuatorianos en el exterior y que para ello requiere autonomía administrativa y financiera e independencia para ejercer un control social transparente.
SRI
Posteriormente, recibió a funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), con quienes analizó el proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones sin Fines de Lucro.
Héctor Yépez, presidente de la Comisión, anunció que también recibirá a sociedades vinculadas con voluntariado, comités barriales, gremios, asociaciones productivas, de beneficencia, protección de los animales.
La ley busca facilitar la vida a la gente, explicó el asambleísta Yépez. “Crear una fundación o corporación no va a demorar meses en un ministerio. Entre el Consejo de Participación Ciudadana y las notarías se podrá realizar un trámite en línea y crear en un día una entidad u organización, resaltó.
Aspira que en un mes, aproximadamente, esté listo el informe para primer debate de este proyecto, para que sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional.
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