La Comisión de Régimen Económico invitó a los representantes de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) y de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), para que expongan sus observaciones a los nueve proyectos de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Los comparecientes acudirán por invitación del vicepresidente del organismo legislativo, Mariano Zambrano, a las 14:30, del miércoles 19 de septiembre.
Previo a escuchar las propuestas del sector privado, los comisionados avocarán conocimiento de dos proyectos de ley calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Uno de ellos, relacionado con reformas al Código Monetario y Financiero para adaptar la forma de presentación de los cargos por servicios financieros de las compañías emisoras de tarjetas de crédito a las necesidades de información de los usuarios, auspiciado por el asambleísta Tito Puanchir.
El legislador considera necesario que el Estado corrija las inconsistencias en las que incurren las empresas administradoras de tarjetas de crédito, para evitar que se siga perjudicando a los usuarios y contribuir al mantenimiento de la confianza de los clientes en el sistema financiero privado del país. Propone que los cargos por servicios financieros, sean expresados en los reportes de cortes y estados de cuenta, de forma detallada, indicando sus conceptos, ítem por ítem, así como el artículo de la norma resolutoria, reglamentaria o legal que sustenta su cobro.
La otra iniciativa, de la la asambleísta Tanlly Vera, reforma la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, por el cual propone ampliar el plazo, hasta el 20 de mayo de 2020, para que los contribuyentes que no se hayan acogido a la remisión prevista en ella lo puedan hacer, cumpliendo con los requisitos establecidos, más aún cuando apenas el 5 % del total de contribuyentes ha hecho uso de este beneficio tributario, debido a las dificultades que se han presentado.
Recordó que la Disposición General Cuarta dispuso la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos derivados de toda obligación tributaria y fiscal vencida a la fecha de su vigencia, para quienes hayan sufrido una afectación económica directa en sus activos, como consecuencia del desastre natural y que en un plazo de hasta dos años, esto es hasta el 20 de mayo de 2018, hayan pagado la totalidad del capital.
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