La eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), la venta de los medios incautados en el régimen anterior y la legislación para la protección a periodistas y garantizar la libertad de expresión son entre otros los cambios que se proponen en el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, que este martes 25 de septiembre a partir de las 09:00 se discutirá en la sesión 538 del Pleno de la Asamblea, según la convocatoria efectuada por la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas Guerrero.
El proyecto incorpora normas relacionadas con principios para una comunicación democrática, el sistema de comunicación social, el informe técnico de contenidos discriminatorios, el objeto de los medios públicos, prevención de riesgos y desastres, mecanismos de autorregulación, así como la protección a los trabajadores de la comunicación y sus familias y la supresión de la figura de linchamiento mediático.
El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, con las instituciones respectivas, elaborará políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas orientados a la protección de los trabajadores.
La comunicación democrática permitirá que la población tenga espacios para deliberar, participar y corresponsabilizarse con la información y comunicación. También, se agrega el tema de la reparación integral en el caso de vulneración a los derechos de comunicación.
Otro de los temas que se incluyen en el informe para primer debate tiene que ver con los objetivos de los medios públicos de comunicación en la prevención de riesgo de desastres y se especifica que los voceros oficiales serán la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Secretaría Nacional de Comunicación.
Para la conformación del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom), el proyecto propone siete integrantes con derecho a voz y voto y seis que tendrán solo voz en el Consejo.
El primer grupo estará integrado por representantes de organismos estatales, regionales, educativos y étnicos; y el segundo por delegados de los medios públicos, privados, comunitarios, trabajadores de la comunicación y de organizaciones sociales y ciudadanas.
El tratamiento de esta propuesta de ley tendrá como base el informe elaborado por la Comisión de Derechos Colectivos.
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