Más de 80 actores dieron sus observaciones a 14 proyectos de reforma a la Ley de Comunicación. La Comisión de Derechos Colectivos analizó 119 artículos y en el afán de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información se viabilizó acuerdos para concebir a la comunicación como un derecho y no un servicio público, indicó la legisladora Jeaninne Cruz.
Otro de los temas que tuvo consenso es la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, porque demostró ser un ente administrativo que actuó de manera subjetiva violentando los derechos a la libertad de comunicación establecidos en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, subrayó.
Resaltó que en el informe para primer debate se incorporó un aspecto fundamental, como es la seguridad a los trabajadores de comunicación, más aún cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado tiene que ser responsable de cuidar la vida de quienes ejercen esta labor cuando por sus actividades estén en riesgo.
Jeannine Cruz sostuvo que los medios de comunicación deben autorregularse, ya que las reglas deontológicas son parte de cada medio, así como la responsabilidad ulterior de los periodistas. En la propuesta legal se determina que el Consejo de Regulación pone estándares, de acuerdo con disposiciones internacionales para velar por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, con discapacidad, es decir, se busca que no se lesione los derechos de los ciudadanos.
Explicó que el ciudadano que vea violentado sus derechos tiene tres mecanismos para hacerlos respetar: enviar un oficio al medio de comunicación determinando que la información no fue debidamente investigada. En este caso el medio de comunicación tiene la obligación de replicar, de no acoger puede acudir a la justicia ordinaria, donde el juez valorará las pruebas, por ejemplo una acción de protección para que el medio rectifique.
La tercera vía es acudir a la Defensoría del Pueblo que se encargará de velar por los derechos y el acceso a la información.
Jeanine Cruz señaló que en la ley se mantiene la distribución de frecuencias en 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Aclaró que cuando no haya suficientes frecuencias tendrán que participar comunitarios con privados.
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