La Comisión de Justicia avocó conocimiento del proyecto de Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante, de iniciativa del Ejecutivo que busca erradicar y combatir la corrupción en todos los órganos de gobierno o en todas las instituciones que conforman el sector público.
El proyecto reforma las Leyes del Servicio Público, de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y al Código Orgánico Integral Penal.
Según la propuesta, el Estado implementará procesos que le permitan evitar y sancionar los actos contra la administración pública, así como también asegurar la protección de quienes deciden informar y colaborar con información sobre los beneficios ilegítimos obtenidos por quienes incurren en los mismos, en perjuicio del Estado.
Se definen acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General del Estado para investigar delitos.
La Comisión de Justicia, como en todos los proyectos, analizará los tratados internacionales de derechos humanos, por tanto, invitará a operadores de justicia y académicos, para que den sus observaciones.
Para la presidenta de la comisión, Marcela Aguiñaga, no se descarta incluir temas que constan en el proyecto de Ley Anticorrupción que fue vetado totalmente por el Ejecutivo, como comiso y comiso en ausencia o de terceros.
De su lado, la legisladora Lourdes Cuesta señaló que por el veto total del Ejecutivo al proyecto de Ley Anticorrupción la comisión iniciará de cero para analizar esta nueva propuesta.
Anunció que insistirá en la comisión que tome en cuenta la figura del comiso anticipado, en razón de que en otros países ha tenido gran eficacia y ha sido recomendado por expertos.
El proyecto del Ejecutivo establece que quienes suministren datos, informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan en la investigación, podrá acceder a una compensación económica en proporción a los recursos económicos que el Estado lograre recuperar. El monto máximo al que podrá acceder no podrá ser superior al 20% del monto recuperado.
También plantea que cuando un servidor público se convierta en informante y proporcione datos sobre el destino de bienes o recursos provenientes de actos de corrupción, podrá solicitar a la autoridad competente el traslado administrativo provisional a otro puesto de trabajo del mismo grado jerárquico y con la misma remuneración.
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