Democratización de la comunicación, reparación histórica y acciones afirmativas a favor pueblos, nacionalidades y ciudadanos, pidieron varios representantes de los medios comunitarios y sectores académicos.
Los actores acudieron al Pleno del Parlamento para pronunciarse sobre las reformas a la Ley de Comunicación, que se encuentran en primer debate. Les preocupa que se concentre la distribución de frecuencias en medios privados y que dentro de la norma se dé cabida a sus demandas.
Los asambleístas escucharon cinco intervenciones. La primera fue de Apawki Castro, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). “Vamos a estar vigilantes”, advirtió. Pidió que dentro de la distribución de frecuencias se mantenga el 34 % para medios comunitarios.
Pero, para Jorge Guachamín, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape), la solución para robustecer a los medios comunitarios va más allá. Sugirió acciones afirmativas para su creación, fortalecimiento y trascendencia en el tiempo.
La participación de estos medios en todo el espectro radioeléctrico, en la actualidad, es menor del 4 %, según Ana María Acosta, de la Coalición de Medios Comunitarios. Cree que se debería revisar las frecuencias ilegales que existen y trasladarlas a este sector. También, saludó que en el proyecto se haya incluido la creación de un Fondo de Fomento para esta actividad.
“Nos movilizaremos” dijo esta defensora de los medios comunitarios, tras advertir que no permitirán la concentración de frecuencias en medios privados y pedir que los concursos que se realicen sean abiertos y sin restricción.
De su lado, el representante de la Conaie pidió revisar la Disposición Transitoria Quinta que consta en el informe del proyecto. En ese apartado se establece que en 180 días las personas naturales que son concesionarias de una frecuencia podrán constituirse en una compañía o personas jurídica sin finalidad de lucro.
Para Jaqueline Artieda, de la Asociación de Profesores de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, esta disposición podría ayudar a camuflar a muchos medios privados, que se transformarían en comunitarios.
Propuso la creación de una Defensoría Pública, como un órgano ante el cual se pueda interponer quejas y exija a los organismos pertinentes los correctivos necesarios. La Coanie coincidió con este planteamiento y añadió que este nuevo ente podría ser adscrito al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).
La última en tomar el micrófono fue Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), para advertir que “aún persisten algunos elementos que configuran una censura previa estructural, como el caso de las coberturas en procesos judiciales”.
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