Por considerarla como un derecho humano fundamental e irrenunciable y por ser un patrimonio estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable y esencial para la vida, los legisladores declararon el 14 de septiembre como Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua. Esta fecha se conmemorará en todo el territorio nacional, a través de acciones que promuevan la conservación y participación de las prácticas de manejo de este líquido vital y el uso sostenible de los ecosistemas.
Se promoverá desde la Asamblea Nacional, la Secretaría del Agua y la Confederación Latinoamericana Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento, la realización de mesas de trabajo sobre legislación en materia de recursos hídricos y gestión comunitaria del agua.
El Legislativo planteó como política pública la adopción de un plan integral para la gestión y conservación del agua que precautele la inversión en el recurso hídrico, valorando su aporte a la garantía de los derechos humanos como la salud, el ambiente y la soberanía alimentaria.
Reconoció el aporte social invalorable de las organizaciones sociales comunitarias, en particular de las Juntas de Agua y de Regantes, para el fortalecimiento de procesos asociativos que permitan potenciar sus capacidades.
La relación del derecho humano al agua es intrínseca con el derecho a una vida digna, la soberanía alimentaria, la salud, entre otros aspectos, expresaron los legisladores en el análisis de la resolución. También recordaron la prohibición de su acaparamiento y privatización, así como la gestión de carácter público o comunitaria.
Análisis
El asambleísta Rubén Bustamante, promotor de esta resolución, subrayó que este es un reconocimiento a la gente y su esfuerzo histórico en el manejo del líquido vital. “Esta es una alerta global, debemos escucharla y atenderla”, dijo.
Encarnación Duchi recalcó que las comunidades tradicionalmente han tenido como misión precautelar los recursos hídricos, su pureza y caudal, al precisar que el agua es sagrada para el hombre del campo y el agricultor. Héctor Yépez coincidió con la importancia del agua en el sector comunitario e invocó a desarrollar acciones concretas en políticas públicas que permitan mejorar el acceso al líquido vital.
“Hay que tener presente que el agua es vida y que no tiene precio”, dijo Mauricio Proaño, tras recordar la amplia participación de las organizaciones indígenas y las comunidades en la consulta prelegislativa sobre la Ley de Recursos Hídircos, en la que se estableció la no privatización del agua, tomando en cuenta que es un derecho humano.
Mientras, Héctor Yépez aseveró que se debe mejorar la situación de nuestros campesinos, porque son ellos quienes generan 1 de cada 3 empleos y sostienen la dolarización. Fernando Burbano invocó a efectivizar el programa de irrigación tecnificada del agua, que favorecerá a 14 mil familias ecuatorianas. Fafo Gavilánez indicó que Cañar y Bolívar aportan con un 60 % del líquido vital a la cuenca del Guayas. Las comunidades indígenas son quienes protegen los pajonales y buscan mecanismos tecnológicos para mejorar el riego.
Entre tanto, René Yandún es partidario de que el Ejecutivo proceda a la reorganización de la administración del agua, a través de los gobiernos provinciales. Es fundamental fortalecer la política de Estado en la gestión del agua, ligando al desarrollo comunitario, a la cultura de nuestros pueblos y a la responsabilidad de enfrenar el cambio climático, resaltó Silvia Salgado.
Asimismo Patricio Donoso coincidió en establecer una política de Estado que genere juntas de regantes para que conserven y mantengan los caudales de agua, que no solo sirvan en épocas de estiaje, sino todo el año.
De su lado, Pinuccia Colamarco señaló que son 80 mil organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento que se han convertido en un ejemplo de solidaridad y de democracia participativa.
Voces ciudadanas
En el marco de este análisis, el Pleno recibió en comisión general a Segundo Guaillas, presidente de la Red Nacional, que agrupa asociaciones comunitarias y presta servicios de agua y saneamiento, quien informó que existen alrededor de 10 mil organizaciones comunitarias que brindan agua a más del 30 % de la población rural. Trabajo que realizan de forma voluntaria con el único objetivo e interés que las familias dispongan de agua en sus viviendas, recalcó.
Al recordar que son quienes están en los páramos cuidando día a día las fuentes de agua, explicó cuál es la situación de ellos en la parte administrativa. Dijo que en sus actividades tienen ciertas dificultades. Una de ellas, es que se les reconoce como entidades públicas y otros como entidades privadas y no son ninguna de ellas, sino comunitarias.
Insistió en que se visibilice y se dé importancia a su trabajo, porque son actores que están contribuyendo a la defensa del derecho humano al agua.
RSA/eg
