Justicia eficiente y eficaz, con oralidad plena en materias no penales, son parte de los ejes del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos (Cogep), que contiene temas como el abandono de procesos, calificación y archivo de la demanda, suspensión del acto administrativo y ejecución coactiva, recursos extraordinario de casación, recurso de revisión en materia no penal, apremio personal por alimentos, entre otros cambios.
Con este comentario inició su intervención la ponente del informe, Marcela Aguiñaga Vallejo, presidenta de la Comisión de Justicia, al indicar que para efectos jurídicos de la declaratoria de abandono del proceso prevé una ampliación del plazo a seis meses.
Asimismo, cuando se declare el abandono del proceso por primera vez, luego de seis meses se puede interponer una nueva demanda. Respecto de la improcedencia del abandono, explicó que incorpora, primero, los procesos de carácter voluntario; segundo, aquellos que se encuentran en debate, como los derechos laborales; tercero, aquellos que tienen que ver con grupos de altísima sensibilidad y vulnerabilidad, como son los adultos mayores y personas con discapacidad; y, acciones subjetivas contencioso administrativas.
Para generar igualdad de las partes procesales, añadió, se establece una nueva norma por medio de la cual el abandono operará aun en los procesos en los que el Estado sea parte.
La reforma dispone que la parte recurrente podrá completar o aclarar el recurso de casación e incorpora la posibilidad de contestar de forma escrita. En ningún caso el juzgador podrá pronunciarse sobre el anuncio de los medios de prueba para archivar la demanda.
Recordó que hoy se vive un momento distinto, por eso que las reformas pondrán en igual de condiciones aspectos que deben ser modificados para beneficio de la ciudadanía, a fin de equiparar incosistencias, oscuridades y falta de aciertos que tuvo el Cogep y, dada su práctica, ha evidenciado la necesidad de una reforma.
El proyecto fue trabajado con diferentes académicos. La legisladora agradeció los aportes del Instituto de Derecho Procesal Ecuatoriano, de los diferentes académicos procesalistas del país de alto nivel, que enviaron sus observaciones, así como del Consejo de la Judicatura Transitorio, entre otros.
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