La asambleísta Dayllana Passailaigue propuso reformar la Ley de Educación Intercultural, con el fin de mejorar la calidad de la oferta educativa y garantizar que se reconozcan los derechos y las obligaciones de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.
Las necesidades educativas de la niñez y adolescencia van más allá de levantar muros y construir escuelas, ese fue el grave error del “correísmo” que el día de hoy tiene al Sistema Nacional de Educación en crisis, aseveró la legisladora al fundamental su proyecto.
Explicó que la propuesta busca asegurar que todas las entidades educativas sean espacios libres de violencia y establecer la imprescriptibilidad de las acciones administrativas en caso de abuso sexual o tráfico, comercialización o consumo de sustancias estupefacientes.
Dada la precaria situación económica de las escuelitas particulares populares y la cantidad de niños de escasos recursos que educan, se dispone que Si hay mora en el pago de las pensiones, esto no sea causa de separación o impedimento para rendir los exámenes en ese año lectivo, sin embargo la escuela quedará en libertad de recibir o no al alumno el próximo año, expresó.
Según la propuesta, las municipalidades podrán exonerar hasta el 100 % de los impuestos prediales a las escuelas particulares para niños con familias de escasos recursos, siempre y cuando tengan reconocida esta calidad.
También restablece en los currículos de estudios las materias cívica, ética y lógica fundamentales para el adecuado comportamiento y formación de la comunidad . Además, prohíbe el adoctrinamiento político - ideológico a los alumnos.
Otro de los puntos que aborda el proyecto tiene relación con los resultados del Bachillerato Unificado. Frente a ello plantea reincorporar el Bachillerato por Especialización.
Los 200 días laborables de docentes, ya previstos en la Ley, se contabilizarán desde el primer día de matrícula hasta el último día de exámenes, garantizando tiempo para capacitación por parte del Estado y un mes de vacaciones, agregó.
Además sugiere que los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional volverán a ser fiscomisionales con autonomía administrativa. Es nuestro deber devolver a las familias la tranquilidad de enviar a sus hijos a las escuelas y colegios, devolver la dignidad a los docentes y garantizar la calidad en el Sistema Nacional de Educación, concluyó.
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