Los directores del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) y del Instituto de Investigación Geológico – Energético (Inigem) presentaron observaciones a los proyectos de Ley de Gestión de Riesgos presentados por las asambleístas Silvia Salgado y Ana Belén Marín. Coincidieron en la necesidad de contar con un cuerpo legal actualizado para enfrentar desastres naturales en mar y tierra.
El capitán Patricio Hidalgo, director del Inocar, sugirió incluir los aspectos presupuestarios para las entidades de investigación vinculadas con la gestión de riesgos y seguimiento de los desastres naturales; garantizar la contratación de personal técnico y ajustar los términos legales para facilitar la investigación de acuerdo con la Convención del Mar, de la cual Ecuador es suscriptor.
El Titular del Inocar señaló que el instituto genera alrededor de 20 millones de dólares por concepto de la utilización de las monoboyas, que se encuentran en servicio en el mar ecuatoriano y que sirven para que los buques y barcos se orienten y eviten riesgos.
Expresó que esos recursos ingresan a la caja fiscal y solo les entregan 8 millones de dólares, situación que ha impedido continuar el levantamiento de información oceanográfica que necesita el país para prevenir tsunamis y tener información válida para estudiar el Fenómeno del Niño.
Ricardo Narváez, subdirector del Inigem, destacó que es imprescindible el marco normativo en Gestión de Riesgos para coordinar con el Instituto Geográfico Militar y elaborar mapas que puedan determinar los tipos de suelos, su resistencia a los desastres naturales e identificar áreas vulnerables. Con ello se trabajará en los ámbitos de prevención, acción y reacción.
El asambleísta René Yandún propuso incluir a los institutos técnicos de investigación dentro de los comités de emergencia y sostuvo que es imprescindible efectuar un levantamiento de la carta geológica para optimizar las áreas productivas, determinar las zonas de riesgo y las políticas a seguir en zonas pobladas.
RD/pv
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