Durante ya cinco meses, en talleres y mesas de trabajo, se tramitan y debaten las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), con base en 18 proyectos, lo que significaría una revisión del 75 % de la normativa, vigente desde el 2011. El informe para primer debate se presentaría en noviembre por parte de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Los ejes centrales del proyecto son:
1. Fortalecimiento de derechos, que implica consolidar el sistema educativo con un enfoque de derechos humanos, valores, responsabilidad, corresponsabilidad, democracia y medio ambiente saludable.
2. Institucionalidad educativa y modelo de gestión, que se orienta al fortalecimiento del sistema y las instituciones, para elevar los niveles de calidad en el aprendizaje. En esta fase, se habla de revisar y reformular el sistema de evaluación a través de la prueba Ser Bachiller, diferenciando los conocimientos adquiridos en los centros privados o públicos de la ciudad, con respecto al del sector rural, además de las condiciones económicas y sociales de los alumnos, a fin de lograr igualdad de oportunidades. También se discute el potenciar el bachillerato técnico artístico, general e internacional.
3. Interculturalidad y Plurinacionalidad, que permita contribuir a la construcción del Estado intercultural y plurinacional, que necesita ser desarrollado en la educación, a partir del diálogo intercultural, desde el ejercicio pleno de derechos colectivos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios, cholos y mestizos, reconocidos en la Constitución.
4. Carrera docente y escalafón, en torno a la garantía del Estado en la formación y capacitación permanente de los docentes, la revalorización de la carrera docente, la construcción de un escalafón docente flexible que simplifique los llamados procesos de re categorización y reconozca la experiencia y la titulación de manera directa a los maestros.
5. Convivencia escolar y gestión de riesgos. Eje trascendental para la promoción de la cultura de paz, de ambientes escolares saludables propicios para el desarrollo equilibrado de las personas, con la recuperación de principios, valores, formas de actuación, prácticas educativo-pedagógicas de planificación, seguimiento y evaluación, en el marco la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes; docentes, personal técnico, administrativo y de servicios. Estas medidas buscan desterrar el bullying, el abuso sexual de menores, microtráfico, entre otros temas preocupantes.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), el Ministerio de Educación, la Red de Maestros y otros actores sociales participaron en la construcción de la propuesta.
La mesa abrió una plataforma colaborativa, en la página web de la Asamblea, en la cual la ciudadanía puede exponer sus criterios y aportes al respecto.
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