Fafo Gavilánez, presidente y ponente del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito destacó la presencia de diferentes organizaciones sociales, federaciones y entidades de control en la construcción de los cambios necesarios para incidir de manera efectiva en la seguridad vial donde se involucran tanto a los organismos de control como a los actores privados.
Durante la sesión 549 del Pleno de la Asamblea Nacional, el asambleísta Gavilánez mencionó que operadores y usuarios deben involucrarse en la búsqueda y aplicación de las medidas de prevención de los accidentes de tránsito, en cumplimiento de la política de Estado contenida en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial en el Ecuador.
El parlamentario indicó que para elaborar el informe se consideraron cuatro ejes temáticos, entre ellos, el de tránsito donde se abordaron temas como las licencias de conducción, la pérdida y recuperación de puntos; transporte terrestre con modalidades, frecuencias, permisos de operación, títulos habilitantes, concesiones y sanciones administrativas.
El eje de seguridad vial que tiene que ver con revisión técnica vehicular, protección de usuarios, peatones, conductores, contaminación, seguros, etc. Y, tecnológico orientado a la prevención, revisión y sanción en temas de tránsito y transporte terrestre, precisó Gavilánez.
Un hecho innovador en las reformas es el uso del tacógrafo y medidores de velocidad que permitirán, dispositivos electrónicos que permiten registrar la actividad de los vehículos y, de cierta forma, reducir los accidentes en las vías del país. Hay que tomar en cuenta que el eje central es el ser humano, lo que garantiza la protección de las personas.
Fafo Gaviláez señaló que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, será en ente rector del transporte terrestre. En su integración se agrega al Presidente del Consejo Consultivo que será designado conforme con la Ley de Participación Ciudadana, así como al Ministro del Interior a través de su delegado que será el Director Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional.
Mencionó que los gobiernos autónomos descentralizados y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) calificarán el servicio de los agentes de tránsito.
Indicó que las Escuelas de Conducción, los Institutos Técnicos de Educación Superior, las Escuelas Politécnicas nacionales y universidades, habilitadas por la Agencia Nacional de Tránsito, estarán a cargo de la capacitación del título habilitante para conducir vehículos a motor, maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado. Estos títulos serán entregados por la ANT.
A través de las reformas se regulariza el tipo de transporte mixto-urbano-rural que es un servicio que se realiza para el traslado de personas y/o carga, brindado por las operadoras de carga mixta-urbana rural, por lo que en el plazo de 180 días el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control, expedirá las regulaciones necesarias.
La implementación del tacógrafo y limitador de velocidad en los vehículos destinados a la prestación del servicio del transporte es responsabilidad de las operadoras. Se precisa que las operadoras de transporte responderán por los perjuicios causados a sus usuarios.
El presidente de la Comisión ocasional de tránsito mencionó que en las reformas se determina la obligatoriedad de la enseñanza sobre tránsito, por lo que en las instituciones educativas públicas y privadas se implementará una materia de tránsito hasta el tercer año de bachillerado. Además, la capacitación integral será permanente a los conductores profesionales, para garantizar la seguridad vial a cargo de la ANT, en coordinación con el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, Policía Nacional e Institutos Técnicos.
Finalmente, sostuvo que el Consejo Consultivo de Transporte Terrestre será un organismo de consulta que podrá formular recomendaciones sobre seguridad vial, reducción de siniestralidad y accidentalidad en las vías.
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