La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por María José Carrión Cevallos, con el voto unánime de los 11 asambleístas presentes, recomendó al Pleno continuar con el trámite de juicio político al exprocurador General del Estado, Diego García Carrión, sobre la base de la solicitud propuesta por la asambleísta Mae Montaño Valencia, por incumplimiento de funciones.
El organismo descarta que haya habido incumplimiento de funciones respecto de la consulta sobre la permanencia de los vocales del Consejo Nacional Electoral, en noviembre del año anterior, mientras que sí se demuestra incumplimiento en su inasistencia a la audiencia de formulación de cargos en el proceso seguido contra el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, donde estuvieron en juego los intereses del Estado ecuatoriano.
La valoración de pruebas establece que, si bien la ley no obliga al Procurador a acudir personalmente a las audiencias y permite la delegación, ésta debería recaer en abogados debidamente preparados y que asuman con responsabilidad ese encargo, pues en el caso del señor Glas el delegado llegó tarde y se declaró la causa en abandono por falta de acusación particular por la Procuraduría. Se trataba de un proceso de suma trascendencia para el Ecuador que requería la presencia del principal abogado del Estado.
La Comisión deja constancia que algunas de las acusaciones formuladas por la asambleísta interpelante corresponden a períodos sobre los cuales la competencia de fiscalización ha caducado, mientras se consideran las actuaciones relacionadas con su último ejercicio, desde febrero 2015, hasta el 31 de enero 2018, cuando presentó su renuncia. Sin embargo, considera que la documentación alusiva a estos casos debería ser revisada por la Contraloría General del Estado, para que se establezcan las responsabilidades a las que haya lugar.
Así mismo, se solicita un examen especial de Contraloría a los hallazgos en el manejo económico de la Procuraduría, sobre los gastos en libros, campañas publicitarias, viajes, entre otros, respecto de la posición ecuatoriana sobre el caso Chevron.
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