La Comisión de Derechos Colectivos, receptará nuevos aportes al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En esta oportunidad, a través de videoconferencia, desde la Casa Legislativa de la ciudad de Guayaquil, escuchará a Lorena Abad, comunicadora social, quien fue despedida de la Radio Pública.
En cambio, en la sede legislativa, los parlamentarios recibirán al periodista Juan Salazar de Listín Diario, medio de comunicación de la ciudad de Santo Domingo, quien dará sus aportes a los proyectos de reformas a la Ley de Comunicación que tramita la Comisión. Con este mismo fin, el legislador Pedro Curuchumbi expondrá sus observaciones.
Como se recuerda la Comisión de Derechos Colectivos unificó 14 proyectos para reformar la Ley orgánica de Comunicación, entre ellas, uno presentado por el Ejecutivo. El organismo recogió criterios de 80 organizaciones sociales, de medios de comunicación, empresarios, reporteros, catedráticos, ministros y autoridades de distintas instituciones. La Ley Orgánica está en vigencia desde el 2013.
El 27 de septiembre de 2018 se realizó el primer debate del proyecto en el Pleno. Participaron 46 legisladores y fueron recibidos en comisión general nueve sectores e instituciones vinculados con la comunicación.
Los temas de mayor debate en el Pleno fueron: la distribución de frecuencias, el fortalecimiento de los medios comunitarios, libertad de expresión, linchamiento mediático, institucionalidad relacionada con la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) y derechos laborales.
En el informe para primer debate presentado por la Comisión de Derechos Colectivos, se propone la eliminación del concepto de comunicación como servicio público, tomando en cuenta que la Constitución la reconoce como un derecho de todos los ciudadanos; además, suprime la Supercom y la figura de linchamiento mediático, así como las sanciones administrativas contra los medios de comunicación y periodistas. Respeta la tabla salarial de los trabajadores de la comunicación.
Jorge Corozo, presidente del organismo legislativo precisó que esta normativa sustenta el derecho a la libertad de expresión y es una garantía constitucional para que en Ecuador no se violen conceptos y preceptos establecidos en la Carta Magna.
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