La discusión de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) es una oportunidad para aclarar las competencias y atribuciones sobre la rectoría del Sistema de Protección de los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria.
Ese es el criterio del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies). Su principal, Berenice Cordero, acudió a la Comisión de Gobiernos Autónomos para presentar sus criterios sobre dichas reformas.
Cree que es necesario establecer una regulación clara y definitiva sobre este tema. Explicó que hay un consenso generalizado de que el Sistema debe anclarse en el ámbito territorial para que tenga mayor eficacia. Para hacerlo propuso que se armonice la legislación en esta materia, entre ellas el Código de la Niñez, la Ley para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y el proyecto de Ley de las Personas Adultas Mayores.
También sugirió que en materia de protección social de personas más vulnerables se fije como una obligación de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) la firma obligatoria de convenios anuales con el Mies para garantizar la atención y servicios a estas poblaciones. Explicó que la suscripción de estos acuerdos es permanente casi con todos los GAD, pero que no está recogido en el Cootad.
De igual forma, para la Ministra es importante que la asignación de recursos sea por resultados, es decir, que tenga relación, no solo en función de la población y la cobertura, sino también con el esfuerzo institucional de los GAD.
La participación ciudadana fue otro de los temas que abordó la Ministra. Planteó incorporar el derecho de las organizaciones a presentar propuestas y hacer observancia de la política pública, relacionada con la atención a los grupos vulnerables.
También pidió establecer la obligación de los GAD de sujetarse a los lineamientos y priorizaciones determinadas en las Agendas Nacionales para la Igualdad.
LILA/pv
