La Comisión de Justicia receptó las opiniones de Pablo Encalada y Nicolás Salas, docentes universitarios sobre el proyecto de Ley Anticorrupción y Protección al denunciante, presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés.
Los catedráticos de las universidades Andina y Católica, respectivamente, coincidieron en señalar que la propuesta es insuficiente, contiene disposiciones confusas y no sería una herramienta práctica y eficaz para combatir la corrupción en nuestro país.
Pablo Encalada dijo que llama la atención que en el artículo 1 se defina a la ley como un cuerpo normativo cuando se trata de reformas, tras argumentar que la acción del derecho de repetición es la posibilidad que tiene el Estado para accionar en contra de las personas que por su culpa el Estado debió pagar una indemnización, figura que, a su criterio, no tiene sentido que conste en la propuesta.
Es interesante la nueva causal para la cooperación eficaz, en el sentido que las personas pueden someterse a la reducción de pena cuando hayan entregado información tendiente a determinar dónde se encuentra el dinero proveniente del ilícito. Sin embargo, al desarrollar el punto de cooperación eficaz se dice que esa persona podrá acogerse a la suspensión condicional de la pena, es decir, hay que definir que se trata de cooperación eficaz o suspensión de pena, argumentó.
Para Nicolás Salas es indispensable que el Estado determine cuál es su política criminal y los lineamientos claros respecto a los delitos de cuello blanco relacionados con la corrupción. En el documento no se especifican acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre entidades públicas para luchar contra este fenómeno y tampoco está la definición de términos como corrupción, informante, agente encubierto, cooperación, entre otros.
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