El fortalecimiento de la promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, no solo para protegerlos, sino, para prevenir su vulneración es el eje fundamental del proyecto de Ley de Defensoría del Pueblo, que se analizó hoy en el Pleno, en segundo debate. La sesión se retomará mañana para recibir los criterios de Íñigo Salvador, Procurador General del Estado y tomar su votación.
En el debate, en el que fue recibida Gina Benavides, Defensora del Pueblo (e) resaltó que la construcción de esta normativa constituye un proceso histórico, transversaliza los principios rectores de independencia, autonomía y pluralismo. Mientras que los legisladores resaltaron la importancia de la reapertura de las delegaciones provinciales y del exterior en defensa de las personas migrantes.
Reconoció la apertura y la tarea de la Asamblea a través de la Comisión de Participación Ciudadana para la reapertura del proyecto permitiendo y fomentando la participación activa de diferentes instancias como la Defensoría, sociedad civil, academia, organismos internacionales de derechos humanos para recoger los diferentes aportes.
Benavides, tras recordar que son ya 22 años de la creación de la Defensoría y 21 años de la vigencia de la actual insistió que la Ley vigente no guarda armonía con las competencias que le asignó la Constitución de 2008 a la institución.
Explicó que la Defensoría ha sido considerada por años, como un ministerio más, con una gestión similar a una comisaría, cuyo personal en un 60% está en Quito, lo que muestra limitaciones en cuanto a presencia en las provincias.
Jaime Olivo sugirió que la promoción y difusión de la defensa de derechos humanos se incluya como materia dentro de la malla curricular de los establecimientos educativos del país. "La gestión de la Defensoría es de alta importancia para la institución, más aún cuando está a cargo del fiel cumplimento de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en el territorio nacional y extranjero, donde residen compatriotas", enfatizó Manuel Ochoa.
Rubén Bustamante sostuvo que es fundamental implementar la nueva Ley acorde a los tiempos actuales. “La Defensoría tiene que ser una institución fuerte e independiente, comprometida con la ciudadanía en la defensa de los derechos humanos. Es trascendental el rol que cumplirán los defensores en las provincias", agregó.
De otro lado, Jeannine Cruz expresó que es indispensable mantener y garantizar la independencia de la Defensoría en función de la defensa de derechos humanos, tomando en cuenta que el Gobierno anterior criminalizó la protesta social.
El informe enfatiza que la norma se ajusta al marco constitucional y a los principios de París. Además puntualiza que la Defensoría del Pueblo será una institución de la Función de Transparencia, tendrá autonomía financiera, presupuestaria y organizativa, con una estructura desconcentrada y contará con delegados en todo el país y en el exterior.
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