Con 81 votos, la Asamblea aprobó el proyecto de Ley de Defensoría del Pueblo. Este cuerpo legal enfatiza la independencia de la institución defensora de los derechos humanos y actualiza la norma, según las disposiciones de la Constitución, puesto que la ley derogada regía desde 1997.
De esta forma, refuerza la promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, que se incluyen en la Carta Magna de 2008. El cuerpo legal tiene, además, un enfoque de prevención de derechos, para evitar que se llegue a una violación de los mismos.
Otro de los temas que fortalece es la desconcentración en la atención. Para ello, contará con delegaciones en cada provincia del país y se creará representaciones en los países de destino o tránsito en los que se identifiquen situaciones que vulneren los derechos humanos de ecuatorianos en el exterior.
El proyecto cuenta también con mecanismos para la participación activa de la sociedad civil. Le exige al Defensor del Pueblo crear consejos y defensores de derechos humanos, con los ciudadanos. Asimismo, dispone velar para que el Estado garantice que los defensores de los derechos humanos realicen sus actividades libremente; evitar actos destinados a desincentivar o criminalizar su trabajo; protegerlos si están en riesgo; e investigar y sancionar delitos perpetrados en su contra.
La Comisión recogió las mayoría de las observaciones que los asambleístas realizaron en el Pleno, uno de ellas propone que los delegados de la Defensoría no cuenten con título universitario, pero sí que acrediten experiencia en la promoción y protección de los derechos humanos.
También acogió la propuesta de Andrés Segovia, delegado de la Procuraduría, quien, en comisión general, propuso que para garantizar la igualdad en la promoción y protección de derechos humanos, se incorpore el enfoque de género en el artículo 5.
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