Con 7 votos afirmativos y 3 en contra, la Comisión de Derechos Colectivos aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Mediante este cuerpo legal, se promulga el manejo transparente de la información y se suprimen todas las disposiciones punitivas. Esto, con la finalidad de garantizar los derechos a la comunicación establecidos en instrumentos internacionales y la Constitución.
La eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), de la figura de linchamiento mediático, responsabilidad ulterior, códigos y normas deontológicas son los principales cambios que constan en el documento que será analizado en segundo debate por el Pleno de la Asamblea.
Ninguna medida administrativa existirá en la Ley, han sido eliminadas las sanciones administrativas, punitivas y económicas. La comunicación será un derecho y no un servicio, además, se garantiza la democratización de la comunicación.
La propuesta ratifica la profesionalización de la comunicación para quienes desempeñen actividades periodísticas de forma permanente en los medios. La excepción de esta medida se aplicará a las personas que tengan espacios de opinión y en los medios comunitarios.
El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) será el encargado de vigilar y controlar los contenidos comunicacionales, pero sin capacidad sancionatoria, como la Supercom. El organismo elaborará informes técnicos en caso de encontrar información discriminatoria, violenta o sexualmente explícita.
Respecto a la derogación de los códigos deontológicos, se eliminan 30 literales que hacían recomendaciones cívicas, morales de comportamiento ético.
Con las reformas desaparecen los artículos 9 y 10 de la ley, donde se determina que todo medio público, privado y comunitario deberá expedir por sí mismo los códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Además, en estos artículos se elevaron a norma los códigos deontológicos que toda persona debía observar para poder difundir información y opiniones.
La reforma a la normativa se da tras cinco años de su aprobación, con la participación de organizaciones sociales, comunidades, medios de comunicación, ciudadanía en general. El cuerpo legal vigente fue cuestionado por ser una medida del sistema de regulación y control en desacuerdo con la Constitución y los estándares mundiales de derechos.
Es preciso anotar que para tratar esta Ley Reformatoria, el organismo legislativo receptó observaciones de más de 80 organizaciones y 47 parlamentarios.
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