La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para primer debate del proyecto reformatorio al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Esta propuesta recoge en un solo cuerpo legal la normativa dispersa que existe sobre la materia y actualiza la legislación seccional. La mesa pretende darles a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) claridad en las disposiciones legales y su efectiva aplicabilidad.
Se deroga en su totalidad la Ley de Ordenamiento Territorial, pero algunos de sus artículos se integran al Código, principalmente, en lo que tiene que ver con la planificación. Otros, en cambio, se eliminan, entre ellos los relacionados con la creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
Uno de los objetivos del proyecto es fortalecer la autonomía administrativa, financiera y política de los GAD, a fin de que puedan ejecutar de mejor manera su rol y la ciudadanía pueda recibir mejores servicios. Con las reformas se aclaran y precisan las competencias de cada uno de los niveles de gobierno.
Entre los cambios que se incorporan, los GAD deberán ejecutar planificaciones a largo plazo, para 25 años. Si las reformas pasan, empezarían a ejecutarlas los dignatarios electos en 2023. En esta línea, los candidatos deberán presentar sus planes, enmarcados en dicha planificación.
Se prevé también que la selección de vicealcaldes, viceprefectos y vicepresidentes de las juntas parroquiales se realice mediante votación popular y se homologan las disposiciones sobre revocatoria de mandato.
El informe establece como una condición previa a la aprobación de los presupuestos institucionales de los GAD el hacer constar en la pro forma la asignación de, por lo menos, el 10 % de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria, infraestructura y equipamiento urbano.
Asimismo, hasta el 5 % para financiar actividades culturales y celebración de las efemérides de la respectiva circunscripción territorial; y, hasta el 05 % para propiciar la participación local de artesanos, micro y pequeñas empresas y personas de la economía popular y solidaria en los procesos de compras públicas de la entidad.
La iniciativa fue construida por los miembros de la mesa, después de un proceso de cercanía con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, academia, sectores productivos, organizaciones y ciudadanía, tanto en territorio, cuanto en la Comisión.
LILA/eg
