La legisladora Wilma Andrade expuso ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado los fundamentos de su proyecto de Ley de Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción “Informante Cívico”, que tiene como propósito combatir las actividades ilícitas que involucren a funcionarios públicos.
La asambleísta argumentó que su propuesta no solo establece medidas que permitan a quien sea testigo de actos de corrupción formular la denuncia pertinente, sino también precautelar su seguridad e integridad.
Recordó que por mandato legal todo ciudadano que conozca hechos ilícitos está en la obligación de denunciarlos, pero existe el temor de hacerlo, considerando que podría ser sujeto de posibles represalias.
Explicó que en su proyecto, quien conozca de actos de corrupción podrá presentar la correspondiente denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano que verificará e investigará lo denunciado y, de haber lugar, activará el proceso ante la Fiscalía del Estado.
Wilma Andrade aseguró que la figura del Informante Cívico ya está vigente en otros países y ha dado buenos resultados, no solo para identificar a los responsables de este tipo de hechos, sino también para la recuperación de los dineros distraídos por actos de corrupción.
“Bien sabemos que la corrupción no deja huellas, pero siempre habrá personas que sepan a quién se le pagó sobornos y cómo se hicieron esos pagos; ellos son precisamente los que actuarían como informantes”, agregó.
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