El segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación concluyó luego de la intervención de 31 asambleístas en más de seis horas de sesión. Los legisladores hicieron múltiples observaciones, entre ellas que se efectivice la renovación de frecuencias siempre y cuando los medios cumplan con las condiciones técnicas y administrativas; que las partidas presupuestarias destinadas a la Superintendencia de Comunicación sean suprimidas luego de la evaluación y que el personal reciba lo que le corresponde por ley, fueron algunos de los criterios expuestos.
También presentaron reparos a varios temas como la autorregulación de los medios y la eliminación del ámbito administrativo, que dejaría en la indefensión a las audiencias para reclamar en casos de vulneración de sus derechos por parte de la prensa; en el proceso para el concurso para la adjudicación de frecuencias; y, a la promoción de las bebidas de moderación sin restricción alguna.
Otras modificaciones estuvieron orientadas a la necesidad de combatir todo tipo de violencia de género, en especial de los grupos minoritarios; que se promueva el uso del idioma de los pueblos y nacionalidades indígenas para impulsar la participación de los pueblos y nacionalidades en los medios de comunicación, que establecería nuevas visiones, potenciando la cultura a nivel mundial.
Asimismo, propusieron que las salas administrativas lleven los procesos que aún no se han cerrado; y, que el paquete accionario de los medios de comunicación, de carácter nacional, no supere el 49% cuando pase a manos de organizaciones extranjeras domiciliadas en el país, garantizando la soberanía de la comunicación.
Solicitaron transparencia en los procesos de venta de medios incautados; la renovación de frecuencias a los medios que han cumplido con las normas contractuales; que los reglamentos para los medios comunitarios no sean los mismos de los privados, se reconozca las diferencias y se señalen los lineamientos adecuados para cada sector.
En este debate se recalcó que estas reformas han sido esperadas por los medios de comunicación, los profesionales de la rama y ciudadanía en general, tomando en cuenta que la norma vigente controló y limitó el periodismo de investigación, a través de un sistema concentrador del poder. Que la norma vigente no se aplicó contra los insultos y sirvió para perseguir, acallar y vilipendiar a los ecuatorianos.
Un pensamiento diferente es que la Ley de Comunicación emana directamente de un mandato popular, expresado en el referéndum de 2008 y la consulta de 2011, que obligaba a la Asamblea a la expedición de una norma y las reformas desconocen un doble pronunciamiento popular obligatorio, al suprimir la regulación y el control.
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