Por unanimidad de los nueve legisladores presentes, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que recoge siete propuestas.
Socialización y aportes
El documentó se construyó en casi 14 meses, en mesas temáticas, talleres y seminarios, con los aportes y observaciones del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Confederación de Nacionalidades Indígenas, Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica, Corporación para la Calidad de la Educación, Confederación Nacional de Establecimientos Particulares de Educación Laica, Asociación Ecuatoriana de Colegios con Bachillerato Internacional, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Fundación ESQUEL.
También, el Contrato Social para la Educación, Universidad Nacional de Educación, Fundación KOLPING, Plan Internacional, Organización de Estados Iberoamericanos, UNICEF, UNESCO, RED de Maestros, Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y Federación de Estudiantes Secundarios, entre otros.
El organismo desarrolló también el conversatorio: “Visión de los exministros de Educación hacia las reformas a la LOEI, que contó con la participación de Rosalía Arteaga, Vladimiro Álvarez, Juan Cordero, Augusto Espinosa, Galo García, Roberto Hanze, Mario Jaramillo, Fausto Segovia, Roberto Passailaigue y Raúl Vallejo, así como del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Objetivos y alcances
Según la propuesta, el sistema de educación se base en estándares internacionales, especialmente de la Unesco; establece la corresponsabilidad de los padres de familia, estudiantes y maestros en el quehacer del plantel; la inclusión real de las personas con discapacidad, contando para el efecto con personal especializado.
Los docentes tendrán derecho a la estabilidad y desempeño eficiente en la tarea; a la defensa y el debido proceso ante posibles faltas administrativas, acorde a las garantías constitucionales. También, se clarifica el régimen de licencias, permisos y vacaciones, que se amplían progresivamente para casos de enfermedad o cuando tengan a cargo familiares que sufran enfermedades catastróficas, así como el derecho a las vacaciones, capacitación, apoyo técnico pedagógico.
El proyecto trata de garantizar que todas las entidades educativas sean espacios libres de todo tipo de violencia a través de políticas, planes y programas definidos por la Autoridad Educativa Nacional; fija medidas de prevención, protección y restitución, oportunas e idóneas, a favor de todos los miembros de la comunidad educativa, víctimas de cualquier tipo de violencia, maltrato, discriminación, en especial de niños, niñas y adolescentes.
Igualmente, impone sanciones contra quienes, teniendo la obligación jurídica, no actúen o denuncien oportunamente respecto de cualquier acto de violencia que afecte la integridad física, psicológica y emocional de las y los estudiantes.
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