La Asamblea Nacional concluyó, este martes, el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que busca dotar a la sociedad de herramientas efectivas para luchar contra la corrupción e impunidad, así como fortalecer el rol del Estado en su deber primordial de garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos.
En la última jornada, varios asambleístas insistieron en la necesidad despenalizar el aborto en caso de violación, incesto, estupro o por inseminación forzada, puesto que no se puede obligar a la mujer violentada, muchas de las veces en casos de niñas y adolescentes, a continuar con el embarazo producto de un hecho violento, que deja secuelas físicas, emocionales y sicológicas.
Así mismo, desde una óptica distinta, hubo voces en el sentido que el aborto no es una solución contra la violación y el abuso de género, puesto que se trunca la vida de un nuevo ser, para lo cual plantearon como alternativa -en el caso de niñas y adolescentes- establecer sistemas de adopción segura y dar acompañamiento a esas personas para que esos niños tengan la posibilidad de vivir con una familia que le dé el amor y el cuidado que necesita.
En comisión general, la abogada Jessica Jaramillo, defensora de derechos humanos, dijo ser la voz de miles de mujeres que demandan justicia, libertad y dignidad; la voz de aquellas mujeres que han sido violadas y que, con 12 o 30 años de edad, han sido obligadas por el Estado a parir el fruto de esa violación, so pena de ser encarcelada.
La violencia sexual causa un severo impacto físico y psicológico en las víctimas. “Hay que ponerse en los zapatos de las víctimas y trabajar ya. Solo en 2017, 89 mujeres de 12 años de edad fueron egresadas con maternidad”, enfatizó.
“No queremos una sociedad que nos castigue, no queremos una sociedad en la que se nos vea solo en nuestro rol de madres, queremos una sociedad que eduque a los hombres para que no violen a las mujeres; despenalizar el aborto, no es un tema de religión, es un tema de dignidad”, añadió.
Entre otras preocupaciones formuladas por los asambleístas consta la propuesta en torno al abigeato (robo de ganado), que debe contar con sanciones más severas, puesto que es una problemática recurrente que afecta al sector campesino, pues “no se trata del robo de una vaquita, un caballito”, es el daño que se causa a un pequeño ganadero a quien le arrebatan su fuente de trabajo.
Ante la posible despenalización de la tenencia del cannabis (marihuana) para uso terapéutico, algunos legisladores alertaron que, si bien la adicción a las drogas es un problema de salud pública, no es menos cierto que la legalización de una sustancia sujeta a fiscalización para uso médico podría agravar esta problemática, que paulatinamente tiene mayor incidencia en edades más tempranas.
El análisis de este proyecto de ley motivó la intervención de 43 legisladores, en tres jornadas.
El documento, con las observaciones expuestas en el Pleno y los puntos de vista de distintas organizaciones sociales y entidades del Estado, será remitido a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a fin de que inicie el trámite previo al segundo debate.
EG/ds
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