La Comisión de Tránsito, que preside el legislador Fafo Gavilánez, convocará a las autoridades de la Agencia Nacional, del Ministerio del Transporte y a un personero de Automotores de la Sierra, a fin de que expliquen las acciones desarrolladas en torno a la denuncia presentada por José Luzón, representante de una familia que compró un vehículo importado como camión, al cual se le recortó el chasis y se cambió la homologación como volquete.
Esta decisión fue adoptada con el voto unánime de los cinco asambleístas presentes en la sala. Previamente, solicitarán a las referidas entidades remitan por escrito la documentación respecto de este proceso.
Propuestas
Así mismo, el organismo legislativo recibió en comisión general a representantes de varias organizaciones relacionadas con el sector del transporte. Así, Luis Azogue, solicitó que se considere en las reformas a la Ley de Tránsito el rol específico que desarrolla el transporte técnico logístico, puesto que no tiene ningún reconocimiento en la normativa vigente.
Mientras, Oswaldo Guamán, de la Federación nacional de Transporte Escolar e Institucional (Fenatei), sugirió que la Comisión revise el carácter intracantonal que se le da a este segmento del transporte, con un grave perjuicio para los usuarios, sobre todo en zonas alejadas del área urbana, en las cuales los estudiantes deben movilizarse de un cantón a otro y, en ciertos casos, de una provincia a otra, lo cual les acarrea a los conductores fuertes sanciones por infringir la norma.
Para Omar Delgado, representante de los trabajadores del sector del transporte, la Ley es demasiado punitiva y sancionatoria, pues aplica hasta tres sanciones por una misma infracción: rebaja de puntos, multa y privación de libertad, lo que ha condenado a este sector a perder su fuente de sustento, pues 5.000 de sus compañeros no tienen puntos y, por tanto, están impedidos de trabajar. “La Ley debe ser preventiva, educativa y permitir que los conductores demuestren que son capaces de cumplir con las regulaciones de tránsito”, añadió.
Igualmente, Belén Pinzón, de la Cámara de Transporte Pesado de Pichincha, formuló algunas observaciones puntuales al informe para primer debate de las reformas a la Ley de Tránsito, sobre todo para evitar discrecionalidad en el control de las carreteras, puesto que en ciertos tramos, que no corresponden a la jurisdicción de los gobiernos autónomos descentralizados, es la Policía Nacional la que debe ejercer dicho control, más con problemas como el narcotráfico y el contrabando, operativos para los cuales no tienen competencia los agentes civiles de tránsito.
Por último, Luis Delgado, representante de Taxis Convencionales Limotaxis, de Quito, solicitó que se revisen los requisitos para la regulación de este servicio que, sobre todo, en la capital mantiene la espera por el reconocimiento de sus permisos de operación. “Somos 34 familias que estamos legalmente organizadas, pero como no tenemos dinero para dar a las autoridades, no estamos considerados en el nuevo proceso de regularización”, sentenció.
EG
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