En la continuación de la sesión 35 de la Comisión de Justicia, el parlamentario Héctor Muñoz Alarcón dijo que el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y de Protección al Denunciante, de iniciativa del Ejecutivo, contiene disposiciones que contradicen la norma constitucional.
Precisó que la propuesta gubernamental establece un reconocimiento para el servidor público que denuncie actos de corrupción, cuyos hechos cuenten con la veracidad necesaria, tras señalar que ese tema constaba en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, aprobada por la Asamblea en agosto de 2018 y que fue vetada totalmente por el Ejecutivo.
Manifestó que el artículo 138 de la Constitución dispone que si el Presidente de la República objeta totalmente un proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año. En ningún momento, esta disposición, habla de la posibilidad de sacar una parte de la normativa rechazada y ponerla en otra que entra a debate.
Muñoz se mostró partidario de esperar que se cumpla el tiempo del veto e inmediatamente que las bancadas unifiquen esfuerzos para ratificarse en el contenido del proyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción, que se aprobó por unanimidad.
Recoger experiencias
También la mesa recibió los criterios de Ana Patricia Muñoz y Tancredi Tarantino, directora Ejecutiva y especialista en Transparencia del Grupo Faro, respectivamente. Anunciaron que realizan procesos de investigación, de manera sistemática, objetiva y rigurosa, sobre las promesas de campaña de Lenín Moreno, en particular del tema anticorrupción, que se convirtió en una propuesta emblemática, cuyo primer informe saldrá a fines de este mes.
El trabajo se enfoca hacia una descripción del panorama actual y el marco normativo de Ecuador, en la línea de contribuir al fomento de políticas públicas integrales en esta materia, expusieron, a la vez de sugerir que se tome en cuenta experiencias de buenas prácticas de otros países.
MG/ds
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