La educación comunitaria y la necesidad de establecer programas de alimentación y nutrición escolar que tome en cuenta programas agropecuarios, fueron los temas que analizó la Comisión de Educación, con varias autoridades, en el marco de las reformas a la Ley de Educación Intercultural.
Mauricio Proaño, coordinador del Grupo Parlamentario Juvenil Ecuador sin Hambre, sostuvo que la inseguridad alimentaria se ha incrementado en los últimos años y que las enfermedades relacionadas con la desnutrición tienen consecuencias negativas en la salud, que ha derivado isquémicas del corazón, diabetes, mielitis, entre otros.
Acotó que su propuesta busca garantizar de manera permanente y de forma prioritaria el derecho a la alimentación, a la soberanía y seguridad alimentaria, así como a la nutrición.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, recordó que la educación tiene que estar articulada con los otros sistemas como el de inclusión social, salud y producción, a través de una política de Estado.
Esta iniciativa fue bien vista por el Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud, José Ruales, quien señaló que en Ecuador 1 de cada 4 niños menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad; mientras que en edades de 5 a 11 años la cifra es 3 de cada 10; y entre los 12 y 19 años, son 1 de cada 4 adolescentes. Indicó que esta problemática se da por el incremento de productos ultra procesados o comida chatarra.
Precisó que desde esta institución se trabaja en la concienciación de la buena nutrición y en la regulación de bares escolares. El control de ventas ambulantes fuera de las instituciones educativas, la inclusión de materia de hábitos saludables, fomento de huertas escolares y compra de productos a la agricultura familiar campesina, son algunos de los retos, según el funcionario.
En cambio, Andrés Pazmiño, Subsecretario de Regulación de Educación, pidió que en la normativa se establezca un articulado específico sobre alimentación, que tome en cuenta la pertinencia nutricional, calorías, carbohidratos, parámetros nutricionales y que el Reglamento se ajuste a la realidad de cada territorio.
Explicó que el Estado han invertido 175 millones de dólares para la nutrición escolar, beneficiando a dos millones 972 mil niños. Dijo que existe el 45% de desperdicio de alimentos en las escuelas porque no se realizó un estudio técnico, ni se tomó en cuenta la pertinencia de la alimentación.
En cambio, el parlamentario Jaime Olivo se refirió a la educación comunitaria. Indicó que el proyecto deben tomar en cuenta los circuitos educativos, distrital y zonal con procesos de aprendizaje en idiomas ancestrales y oficiales. Respecto de los educadores que hubieren reprobado la evaluación de desempeño por dos veces consecutivas, planteó que no puedan participar en procesos de ascenso y recategorización durante los siguientes tres años, tiempo en el que el Ministerio de Educación implementará procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización y formación.
JLVN/lila
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