La Comisión de los Derechos de los Trabajadores inició el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Reividicación Laboral y de Seguridad Social, de iniciativa de la asambleísta Cristina Reyes Hidalgo. La reforma, específicamente, busca restablecer la distribución de utilidades a los trabajadores de servicios complementarios, para que puedan recibirlas directamente de las empresas que los contratan y no se diluyan en un fondo común.
Cristina Reyes, quien argumentó su propuesta, recalcó que la norma está orientada a que las personas trabajadoras de las empresas de actividades complementarias, de acuerdo con su tiempo anual de servicios continuos o discontinuos, participarán del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se presta el servicio.
Indicó que, para cumplir con la restitución de este justo derecho, se sustituye el artículo 100 del Código de Trabajo para que el valor de las utilidades generadas por la persona natural obligada a llevar contabilidad o persona jurídica usuaria a que tengan derecho las personas trabajadoras de la empresa de actividades complementarias sean entregadas, en su totalidad, a esa misma persona, dentro del ejercicio fiscal durante el cual se generaron dichas utilidades.
Tras precisar que se pretende elimininar el fondo común, explicó que en la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo no Remunerado en el Hogar se modificaron las reglas para la repartición de esas utilidades a los trabajadores que laboran para empresas que prestan servicios complementarios, es decir, los guardias de seguridad, servicios de limpieza, entre otros, lo que ha causado un grave perjuicio a este grupo humano.
Esta sesión contó con la presencia del ministro del Trabajo, (e) Andrés Madero Poveda y de trabajadores de diversas actividades complementarias. Freddy Garzón Duque, su representante, quien ejerció como asambleísta por un día, subrayó que son más de cuatro mil familias afectadas, a las cuales se les ha vulnerado sus derechos consagrados en la Constitución y en el Mandato Constituyente 8, normativas que determinan que tienen derecho a recibir las utilidades directamente de la empresa que las genera.
Este derecho fue vulnerado con la aprobación del artículo 16 de la Ley de Justicia Laboral, por el cual las utilidades que corresponden al trabajador se reparten en una caja común, puntualizó.
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