En el marco de la construcción de las reformas a la Ley de Discapacidades, la Comisión del Derecho a la Salud recibió aportes de la subsecretaria del Plan Toda una Vida, María Amelia Espinosa, quien subrayó que la discapacidad tiene que ser vista con percepción integral, mas no en sus características personales.
Ecuador mantiene un enfoque médico que muestra la discapacidad como una condición y problema del individuo, define a las personas con discapacidad como sujetos de cuidado y no de derechos. Por ello, recomendó realizar una revisión integral y sistemática del marco normativo.
Añadió que se deben trabajar reformas a los procedimientos penal, civil, administrativo y laboral, de forma que incluyan la obligación de realizar ajustes procedimentales para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia, en igualdad de condiciones que el resto. Además, crear órganos independientes que conozcan, investiguen y sancionen actos discriminatorios; así como conformar equipos de trabajo con representantes de organizaciones independientes de personas con discapacidad para revisar la legislación.
Al referirse al bajo índice de empleo entre las personas con discapacidad, mencionó que se deberían establecer programas eficaces para incrementar el índice de empleo y programas de inclusión laboral para este grupo de atención preioritaria.
El reto para Ecuador radica en la armonización del marco legal vigente con los principios rectores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El país debe tender al cambio de paradigma que logre el respeto y valoración de la diferencia, reconociendo a la discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana, en un mundo en que convivimos individuos iguales, con caracteres particulares, enfatizó la funcionaria.
También, el organismo legislativo escuchó a Francisco Hurtado, representante de la Defensoría del Pueblo, quien habló de la necesidad de regular y garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Explicó que, en ocasiones, las enfermedades catastróficas son vistas como discriminación.
Se refirió a los contratos ocasionales que son válidos para un año y, en algunos casos, las personas con discapacidad son despedidas antes de la fecha de culminación de dicho plazo. La Ley Orgánica de Servicio Público establece que si un contrato rige más de un año debe constituirse en un contrato indefinido, inclusive transformarse en nombramiento, razón por la cual pidió hacer un análisis minucioso de la actividad que realizan las personas con discapacidad y salvaguardar su espacio, con base en las garantías establecidas en la ley.
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