La Asamblea Nacional, al igual que muchos ecuatorianos, ha observado con preocupación las resoluciones de la Función Judicial, que han dejado, por decir lo menos, dudas e inquietudes respecto de los procesos contra altos funcionarios del Estado, involucrados en casos de peculado y enriquecimiento ilícito.
Las decisiones que se tomen en el ámbito judicial requieren de un desempeño impecable de los operadores de justicia, de tal suerte que se abone el camino para la recuperación de confianza.
La Asamblea Nacional -en el marco de sus competencias y respetando la independencia de poderes- estará vigilante de las acciones que realice la Corte Provincial del Guayas en el acto de apelación que la Fiscalía, con el apoyo de la Contraloría General del Estado, realizará en el caso del exministro, Iván Espinel.
Paralelamente, el Consejo de la Judicatura deberá ejercer su acción de control disciplinario -en el marco de sus atribuciones- a los jueces, puesto que sus decisiones podrían ensombrecer sentencias importantes en casos que se debe actuar con irrestricto cumplimiento del marco legal y con la aplicación de penas y sanciones severas a quienes han delinquido y se han apropiado indebidamente de recursos públicos.
Vemos con beneplácito la decisión del Ejecutivo, de crear la Comisión Internacional Contra la Corrupción luego del exhorto expresado por el Pleno de la Asamblea Nacional, como un gran paso en el combate a la corrupción. Por ello, la Legislatura ratifica su compromiso y apoyo en el tratamiento de la normativa necesaria para afianzar esta lucha, a través de la aprobación de la Ley de Recuperación de Capitales, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, así como el tratamiento de la Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante.
No solo es cuestión de leyes, es cuestión de aplicar de forma adecuada las normas existentes y que todos los actores de los diversos poderes hagamos cumplir las mismas.
