Con nueve votos a favor, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Servicio Público y sugiere al Pleno que se allane al veto. Con ello, los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica por el tiempo que sea necesario, incluido el tiempo de traslado desde su domicilio o lugar de trabajo, siempre que se justifique tal particular con el certificado médico correspondiente otorgado por el médico que efectuó la atención médica.
Los miembros del organismo consideraron que la única observación del Presidente de la República amplía los derechos de los trabajadores. Es decir, los certificados médicos no necesariamente tendrán que ser otorgados o avalados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sino por el médico tratante, público o de un prestador privado de salud.
En caso de que se establezca alguna irregularidad, será la unidad de Talento Humano de cada una de las instituciones la que determine las respectivas responsabilidades.
A criterio del colegislador resultaría inadecuado mantener el aval del IESS, toda vez que el ejercicio profesional por parte de los profesionales de la salud les otorga, al margen de trabajar o no en el IESS o en una entidad pública el derecho y obligación de emitir certificados médicos, los cuales tienen plena validez y vigencia por solo hecho de su expedición.
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