Por convocatoria de la Comisión de Fiscalización y Control Político, el Consejo de la Judicatura, a través de su presidenta, María del Carmen Maldonado, informó sobre la aplicación de la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres.
La Titular del órgano de gobierno de la Función Judicial aseguró que existe la voluntad política de colaborar con la implementación de esta normativa, no solo por la conformación mayoritaria del Pleno del Consejo con participación de mujeres, sino por el compromiso asumido por sus dos compañeros que también son parte de la entidad.
Y, a propósito de esta comparecencia en la Asamblea con la cercanía de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, subrayó que “no existirá mejor celebración que proporcionarle a la mujer o la niña espacios libres de violencia”.
Luego, intervino Nelly Jácome, directora Nacional de Acceso a la Justicia, quien indicó que en 2018 se incorporaron 432 operadores de justicia, entre jueces, secretarios, peritos, ayudantes para la implementación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. “Actualmente tenemos una cobertura en 221 cantones del país para el trámite de casos relacionados con violencia de género, sea a través de las unidades especializadas o en las unidades multicompetentes”, dijo.
Resaltó la instalación de mesas de género en las 24 provincias del país, que son espacios de participación ciudadana para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la problemática de la violencia.
En torno al presupuesto para la aplicación de esta ley, Nelly Jácome explicó que para 2019 se tiene asignado un total de ocho millones 179 mil dólares, de los cuales seis millones 786 mil dólares corresponden a gasto en sueldos y salarios. El millón 393 mil restante se destina a contratación de equipamiento.
Anunció que en 2019 se pondrá énfasis en el nuevo Modelo de Atención Especializada, al momento se definen los principios, las competencias de las unidades, el sistema de turnos que se aplica en la Función Judicial, parámetros técnicos, los procesos de trabajo, la metodología y los mecanismos de participación ciudadana.
De su lado, Silvia Salgado, vocal de la Comisión de Fiscalización, recordó que el objetivo de esta comparecencia fue evaluar la aplicación de la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, en cumplimiento de la resolución adoptada por unanimidad por el Pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 30 de enero.
Añadió que, si bien, el Consejo definitivo está un mes y algo más en funciones, lo importante es que se haga un levantamiento de la información estadística sobre los casos de violencia de género, una evaluación al personal judicial, porque hay reportes de más de 100 casos de sanciones a jueces por negligencia, revictimización, por otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva en delitos sexuales, entre otras conductas inadecuadas.
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