Las reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social cuentan con informe para primer debate. La normativa tiene como objetivo incluir y reforzar mecanismos para el efectivo ejercicio de los mecanismos de participación, como la silla vacía, los cabildos populares y el establecimiento de presupuestos participativos.
También, la rendición de cuentas en el exterior, la fiscalización por parte de autoridades en distintos niveles de gobierno y la transparencia de las organizaciones políticas, garantizando la gratuidad de los derechos de participación, como su plena judicialización ante los tribunales.
Ocho legisladores de la Comisión de Participación dieron su voto para aprobar el informe para primer debate de este proyecto que será tramitado oportunamente en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Los comisionados concluyeron que es necesario mantener la independencia entre la normativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social frente a las regulaciones sobre los derechos de participación.
En la propuesta se determina que el Consejo Nacional Electoral únicamente verificará el cumplimiento formal de requisitos en revocatorias de mandato, ya que en las urnas se tomará una decisión. Prevé la promoción de formación ciudadana, a través de asignaturas sobre valores, cívica y participación, promoviendo -además- actividades de voluntariado en todo el sistema educativo.
Así mismo, se establece que todo ciudadano puede acudir a la justicia ordinaria para hacer respetar sus derechos de participación y pedir la nulidad del acto que atentó contra los mismos.
Se determina la obligación de que los funcionarios de elección popular entreguen información para procesos de fiscalización; que las organizaciones políticas que reciben recursos públicos rindan cuentas a la sociedad, a través de mecanismos de democracia electrónica; y, que cualquier autoridad puede hacer uso de bienes públicos en el exterior para rendir cuenta a sus mandantes.
JLVN/eg
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