Tras un amplio debate y con 74 votos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que mediante cuatro puntos ratificó los mecanismos establecidos en la Ley. Fiscalizar tanto al interior como fuera del Parlamento y el trabajo realizado en cuanto al control político son las tareas reconocidas por los 19 legisladores que intervinieron en la sesión; ellos, a su vez, coincidieron en que es necesario respetar los procesos legales vigentes.
En este punto la Legislatura fue enfática, pues los mecanismos de fiscalización y control político aplicados son los determinados en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo que no caben propuestas que no estén expresamente señaladas en estos marcos legales.
En otro punto, condenó las prácticas ilegales (escuchas y grabaciones) al interior de la primera Función del Estado. El documento señala que estas vulneran el derecho a la intimidad y atentan contra la institucionalidad del país, así como de sus representantes. La resolución detalla que las autoridades competentes deberán realizar una investigación exhaustiva, a fin de identificar a los autores intelectuales y materiales del hecho.
La resolución estableció además disponer que la Comisión de Fiscalización realice un análisis de la publicación difundida el 19 de febrero de 2019 en el portal digital La Fuente titulado El Laberinto offshore del círculo presidencial. Esta mesa podrá realizar las acciones que considere pertinentes, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Finalmente rechazó la acción de protección aceptada a trámite por la jueza Jesús Raquel Herrera, de la Unidad Judicial de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito por improcedente. A esa acción la calificó como un intento de manipulación del sistema judicial que busca transgredir el respeto a las funciones y atribuciones de la Legislatura.
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