Más criterios se sumaron al tratamiento del proyecto de Ley de Orgánica para Prevenir y Erradicar el Microtráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. La Comisión de Gobiernos Autónomos profundizó el debate y recibió observaciones de tres titulares de organismos legislativos y de Diego Riofrío, representante del Observatorio Nacional de Drogas.
María Mercedes Cuesta, coordinadora del Grupo Parlamentario para la prevención y tratamiento integral del fenómeno de las drogas en el Ecuador, reiteró que el fenómeno de las drogas tiene muchas aristas, por eso hay que trabajar de forma transversal y multisectorial, pues ya es un tema de salud pública muy preocupante en el país entero.
Para Cuesta, la lucha contra los drogas tiene que comenzar desde las escuelas y los hogares pero también deben involucrarse los gobiernos autónomos descentralizados, quienes tienen que asumir los problemas en su territorio y recuperar los espacios públicos que los consumidores se han tomado. Cree que la salida a los adictos son los programas de rehabilitación, para lo cual es necesario el convencimiento personal al tratamiento.
Mientras, Marcela Aguiñaga, titular de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, enfatizó que el fenómeno de las drogas exige un abordaje, no solo desde la ciencias penales, sino desde una perspectiva social, sicológica, politológica y de ética social, aduciendo que actualmente se cree que los problemas estructurales de una sociedad se resuelven con mayor punitivismo penal.
Entre otras propuestas, subrayó que la condición de consumidor, en caso de conflicto judicial, debe demostrarse científicamente. Además, indicó que el internamiento para rehabilitación debería ser voluntario por parte del consumidor.
Solicitó que se tome en cuenta a las adicciones, que son un problema de salud pública y establece que en ningún caso se permitirá la criminilización, ni se vulnerarán sus derechos constitucionales de aquella persona que tiene una adicción.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y representante de los migrantes, Esther Cuesta, planteó no conceder la naturalización en casos de narcotráfico, micotráfico, consumo de estupefacientes para personas que afecten niños, niñas y jóvenes; y, que se efectúe el debido proceso para revocar la naturalización en Ecuador.
De su lado, Diego Riofrío, representante del Observatorio Nacional de Drogas, aplaudió la iniciativa y planteó el tratamiento de otras reformas para fortalecer la prevención integral del fenómeno integral de la droga.
Pidió, además, se considere que las personas que dirigen programas de prevención de drogas sean profesionales especializados, porque se trata de salud mental. Además, que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) sean parte del Comité Interinstitucional.
“Para que exista una reducción en el problema de las drogas debe existir una política de Estado, un Plan Nacional de Prevención de Drogas al que se sumen todas las instituciones del Estado. La prevención de drogas debe hacerse desde lo local”, precisó Riofrio.
La Asamblea aborda el tema, además, dentro del Código de Salud y en las reformas al Código Integral Penal. La sesión estuvo presidida por el vicepresidente del organismo legislativo, Xavier Cadena.
Otro tema
En otro orden, el órgano legislativo aprobó el cronograma de trabajo para el trámite del proyecto de Ley de Orgánica de Vivienda de Interés Social. Además, la moción de Guillermo Celi respecto a la solicitud de comparecencia del ministro de Vivienda, para que explique el cobro de copagos por las casas entregadas a los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016.
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