Una vez que el Ministerio de Ambiente entregue las respectivas licencias ambientales, se iniciará la intervención del campo Ishpingo en las plataformas A y B, con lo que se espera explotar 125 mil barriles de petróleo.
Esta nueva explotación se halla fuera de la zona de amortiguamiento, de modo que se respetan los límites establecidos en la Declaratoria de Interés Nacional de 2013, aprobada por la Asamblea Nacional, precisó Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos no Renovables, ante la Comisión de Biodiversidad.
Este proceso de explotación petrolera que efectuará Petroamazonas está a 1.5 kilómetros de la zona de amortiguamiento dentro del Parque Nacional Yasuní. Al momento el estudio técnico de las plataformas A y B está en la revisión final, indicó el ministro de Ambiente, Marcelo Mata al precisar que se amplió el resguardo de zona de pueblos en aislamiento voluntario.
Con el ministro Pérez también se abordaron los avances de la aplicación de la Ley Amazónica. Explicó que Petroamazonas se encarga de comercializar el crudo. Los recursos ingresan al Banco Central y es el responsable de hacer las transferencias al Fondo de Desarrollo Amazónico. En el 2017 ingresaron 139 millones de dólares, en el 2018 se registraron 187 millones de dólares. Los gobiernos autónomos descentralizados acceden a los valores previa presentación de proyectos aprobados.
Mencionó que a nivel local, Petroamazonas, en el 2017, invirtió 101 millones de dólares en servicios generales, logística, emprendimiento de mediana empresa, construcción de planta de agua para una comunidad, tendido eléctrico para otra comunidad; y continúan realizando obras de infraestructura en beneficio de la colectividad. En el 2018, 108 millones de dólares se dirigieron a desarrollo local y en 2019 se espera invertir 110 millones de dólares.
En torno a utilización de mano de obra local subrayó que la petrolera tiene un total de 7.200 trabajadores, de los cual 3016 son de la zona, es decir, cerca del 50% de la nómina. En este aspecto, los comisionados exigieron que se cumpla lo que determina la Ley Amazónica que es del 70%.
De inmediato, Carlos Pérez se refirió al desalojo de sedimentos de la Hidroeléctrica Manduriacu. Precisó que este tipo de proyectos no son contaminantes. Los ríos que vienen desde Quito y otras localidades traen en sus aguas desechos, sedimento propios de la erosión de los suelos, que se acumulan en la represa Manduriacu.
Para dar solución a esta problemática, se creó una mesa de trabajo con el Ministerio del Ambiente para desalojar de mejor manera los sedimentos que no impacte río abajo las aguas. Al momento, trabajan en el vaciado del embalse y monitorean el mismo.
JLVN
