Este lunes, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado continuó el análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta vez, en el ámbito de la fiscalización y el control político, sobre la base de las propuestas y observaciones formuladas por varios asambleístas.
Entre otros planteamientos, se estudió la posibilidad que la Comisión de Fiscalización y Control Político se encargue de la sustanciación de las solicitudes de juicio político y que los informes que prepare este organismo, en cualquier sentido que sean, pasen a conocimiento del Pleno, que será quien defina si desarrolla o no la interpelación. Es decir, el informe de la Comisión no tendría carácter vinculante.
La norma prevé mantener la facultad del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de calificar o admitir a trámite los pedidos de enjuiciamiento político, como paso previo para que se remita a la Comisión de Fiscalización.
El organismo consideró que los pasos que actualmente están establecidos para la calificación de las solicitudes de juicio político no requieren de cambios, ya que el CAL cumple con un control previo del cumplimiento de requisitos para admitirlas a trámite. El análisis de fondo sobre las causales del juicio y las pruebas le corresponde a la Comisión de Fiscalización.
Los posibles cambios buscan evitar que, por falta de votos en la Comisión, un pedido de enjuiciamiento quede sin resolución o que la recomendación de archivo surta efecto inmediato. En estos casos, el Pleno de la Asamblea tendría última palabra.
EG
