Temáticas relacionadas con la institucionalidad, sanciones, financiamiento y derechos abordó Marcelo Torres, representante de la Secretaría de Derechos Humanos, quien acudió a la Comisión de Gobiernos Autónomos para presentar sus observaciones al proyecto para la prevención y sanción del microtráfico de drogas.
La Comisión expresó su malestar y presentará una queja por la inasistencia de otros funcionarios, que habían comprometido su presencia, pues “denota irresponsabilidad de los funcionarios, con una agenda que está tratando la Asamblea”, expresó el presidente encargado del organismo, Javier Cadena.
Torres se refirió a la propuesta de revocar la carta de naturalización por haber recibido sentencia por el delito de tráfico. Sostuvo que, siendo así, no consta en ninguna disposición sobre la situación de las visas, por lo que planteó que se considere este tema.
En cuanto a las sanciones, hizo una observación al artículo en el que se establece la pena de 60 días de trabajo comunitario a la persona que use o consuma sustancias, estupefacientes o psicotrópicas en espacios públicos. Pidió que se aclare si es una sanción mínima o máxima. Además, sugirió que se constituya un agravante si se consume en espacios públicos de concurrencia habitual de niños, niñas y adolescentes.
También analizó el artículo que dispone que la elaboración del Plan de Microtráfico lo realice el Comité Interinstitucional; sin embargo, dijo que en la Ley de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, esa función se le asigna al secretario técnico, por lo que, por analogía, la elaboración de dicho Plan, sobre el microtáfico, debería corresponderle al Secretario Técnico.
LILA
