Con el voto unánime de los seis legisladores presentes, la Comisión de Educación aprobó la moción de incluir una disposición en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Loei). El texto tiene como propósito que los Ministerios de Educación y Finanzas habiliten los recursos y mecanismos de pago de los aportes al Seguro Social de los educadores comunitarios o populares.
La Comisión estudia el proyecto, a fin de elaborar el informe para segundo debate. Para cumplir con la disposición determinó plazos: 90 días al Ministerio de Educación a fin de que solicite a su par de Finanzas los recursos necesarios para la afiliación a la seguridad social de dichos maestros. En tanto, a la Cartera de Fianzas le demanda que realice las reformas presupuestarias y asigne los recursos necesarios a más tardar dentro del ejercicio fiscal 2020.
El Ministerio de Educación, además, deberá establecer un mecanismo de pago, priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. De igual forma se se procederá con los casos de glosas generadas por la falta de pago al Seguro Social y de aquellos que, a pesar de no contar con sentencia o glosa, son considerados bajo la denominación de educadores comunitarios o populares.
Según la disposición los derechos de estos educadores fueron reconocidos por órganos jurisdiccionales y ratificados por la Corte Constitucional. Glenda Cagua, vicepresidenta de la Federación Nacional de educadores comunitarios, informó que los beneficiarios serían unos 12 mil educadores, del período 1980-2005.
Educadores municipales
A la Comisión de Educación también acudieron Fabián Terán, de la Unión de Educadores Municipales, para explicar la situación de este sector, así como César Murgueitio, de la Organización de Investigación Educativa. Los dos coincidieron en que es necesario que se los incluya en la Ley de Educación Intercultural y se les dé el mismo tratamiento, que a otros maestros, con el propósito de que sus derechos no sean afectados.
Murgueitio aseguró que, al estar fuera de esta norma, se afecta el derecho a la recategorización, al desarrollo de capacitaciones y becas, a incentivos y bonificaciones, entre otros beneficios. Terán aseguró que solo en el Distrito Metropolitano de Quito se afecta a los docentes de 20 instituciones educativas municipales.
La presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, invitó a discutir el tema en una mesa de trabajo, a fin de identificar los puntos sensibles e incluir los temas que se requieran en el proyecto de reformas a la Loei.
Por otra parte, la mesa legislativa escuchó al rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales (Iaen), Fernando López, quien fue convocado para que explique sobre la desvinculación del docente Fernando Casado. Esperará información adicional, antes de elaborar un informe, que deberá presentarlo al Consejo de Administración Legislativa.
LILA
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