Gratuidad, revocatoria del mandato, libertad de asociación, acción judicial y nulidad de actos, rendición de cuentas en el exterior, inversión obligatoria de prefecturas en la población rural, cabildo popular, silla vacía, acceso a la información, democracia electrónica son, entre otros, los temas incluidos en las reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, precisó Héctor Yépez, ponente de informe.
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social mencionó que para la construcción del informe para primer debate el organismo efectuó 11 sesiones ordinarias, cuatro itinerantes -en Santo Domingo, Orellana, Quimsacocha e Ibarra-; y, una audiencia pública en Guayaquil. Expusieron observaciones 13 gremios y organizaciones sociales.
Destacó que el proyecto propone que el Consejo Nacional Electoral únicamente verificará el cumplimiento formal de requisitos en revocatorias del mandato, pues su fondo lo juzga la ciudadanía en las urnas; defender la libertad de asociación y evitar discrecionalidades que atenten contra su pleno ejercicio; promover la formación ciudadana a través de asignaturas sobre valores, cívica y participación, incentivando -además- que todos los años se realicen actividades de voluntariado en todo el sistema educativo, involucrando a los estudiantes con organizaciones de la comunidad.
Indicó que todo ciudadano puede acudir a la justicia ordinaria para hacer respetar derechos de participación ciudadana y pedir la nulidad del acto que atentó contra tales derechos. En cuanto a la rendición de cuentas en el exterior, explicó que cualquier autoridad puede hacer uso de bienes públicos en el exterior para rendir cuentas a sus mandantes, ya que pertenecen al Estado.
Yépez mencionó que los gobiernos provinciales deben invertir al menos el 40 % en la población rural, so pena de revocatoria del mandato. Así mismo, para mejorar el funcionamiento del mecanismo de la silla vacía, se debe convocar con 48 horas de anticipación. Además, se establece una disposición para que en las sesiones del Pleno de la Asamblea y en las comisiones especializadas se implemente el mecanismo de silla vacía para que los ciudadanos participen con voz y sin voto.
Igualmente, en las reformas a la Ley de Participación Ciudadana se determina la obligación de entregar información pública a los funcionarios de elección popular con deber de fiscalización en los distintos niveles de gobierno; y, que las organizaciones políticas que reciben recursos públicos deben rendir cuentas a la sociedad, a través de mecanismos de democracia electrónica.
Comisión general
El Pleno recibió en comisión general a Nicolás Custode, campeón nacional de Tenis Tur Ecuador, quien recalcó la importancia de la participación ciudadana, ya que la ciudadanía debe controlar los actos de interés público. Hay que devolverle el poder al pueblo para designar autoridades, subrayó. “Quiero un país libre de persecución y armonía en democracia”, enfatizó.
Debate
En el debate de este tema los parlamentarios destacaron la necesidad de garantizar los derechos de participación de los ciudadanos y fortalecer las capacidades de los territorios, así como los mecanismos de democracia directa. Resaltaron la validez de derechos como la libertad de asociación, para formar veedurías y participación en todos los niveles, elaboración de presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados y la revocatoria del mandato.
Mencionaron que la asignación de presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados consta en el Cootad, por ello, plantearon revisar lo establecido en las reformas a la Ley de Participación Ciudadana sobre el desarrollo de obras y la revocatoria del mandato de autoridades.
Entre los aportes a la normativa, propusieron se asigne más del 30 % del presupuesto en el área urbana en proyectos ligados con la producción y riesgo. Así mismo, pidieron se delimite qué funcionarios pueden ocupar las instalaciones de las embajadas en el exterior para que rindan cuentas de su gestión. Sugirieron diferenciar entre la libertad de asociación de los pueblos y nacionalidades y de las organizaciones sociales.
Pidieron limitar el gasto corriente de los gobiernos autónomos descentralizados que no puede superar el 20% del presupuesto y expresaron su preocupación ya que en algunos gobiernos locales este gasto llega hasta el 80%.
Dieron sus aportes 14 asambleístas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, cerró el debate, por tanto, la Comisión de Participación Ciudadana deberá analizar las observaciones y elaborar el informe para segundo debate.
JLVN/eg
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