Por unanimidad -11 votos afirmativos-, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El documento establece que el Comité de Ética estará conformado por miembros permanentes; será el Pleno de la Asamblea quien los designe y se renovará cada dos años. Su funcionamiento se dará únicamente para el conocimiento y sustanciación de las denuncias contra legisladores, sancionadas con destitución y no podrá actuar de oficio.
Se requerirá la mayoría absoluta para la designación de cada uno de sus cinco miembros, mismos que serán elegidos de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas, al menos uno de ellos deberá pertenecer a la bancada con menor número de asambleístas.
Los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de la Comisión de Fiscalización no podrán ser miembros del Comité, el cual tendrá facultad unicamente para conocer los hechos denunciados que incurran en infracciones señaladas el el artículo 127 de la Constitución y 163 de la Ley de la Función Legislativa.
Procedimiento sancionatorio a cargo del Comité
La solicitud de sanción se presentará a la máxima autoridad del Parlamento, a través de una denuncia con reconocimiento de firma ante notario, suscrita por uno o o más asambleístas, la cual estará respaldada al menos por el 10 % de los miembros de la Asamblea. La denuncia deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten, así como el anuncio de las pruebas materiales o documentales que disponga.
Comisión de Fiscalización
Según el proyecto, la Comisión de Fiscalización y Control Político será permanente y estará integrada por el mismo número de asambleístas que las otras comisiones especializadas, designadas por el Pleno de la Asamblea; sus miembros no podrán integrar otras comisiones permanentes, ni ser parte del CAL o del Comité de Excusas.
Competencias de la Unidad de Técnica Legislativa
La Unidad de Técnica Legislativa, Evaluación y Mejoramiento de la Ley tendrá, entre otras, la atribución de evaluar, por disposición del CAL, cuerpos legales que se encuentren vigentes, bajo una metodología que considere los impactos económicos, sociales, culturales, ambientales, institucionales y legales; conformar un archivo público de los procesos de evaluación a la ley; crear y mantener una red de organizaciones sociales interesadas en participar en el proceso de evaluación de la normativa; emitir informes no vinculantes respecto de nuevos proyectos.
Juicio político
Todo funcionario con rango de Ministro de Estado, será susceptible de juicio político por parte de la Asamblea, de acuerdo con el informe.
MG/eg
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