El enfoque de prevención, en el que se destaca la educación y la articulación entre los diferentes niveles de gobierno: central y locales, es lo que impulsa el proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar el Microtráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para primer debate.
Con el cuerpo legal se define, de forma pormenorizada, el rol que deben cumplir los gobiernos autónomos descentralizados. Estos, en el marco de la política nacional, deberán implementar planes y programas destinados a la prevención integral, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. Para ello, deberán asignar recursos de su presupuesto.
Se establecen algunas responsabilidades para estos gobiernos, entre ellas, adoptar regulaciones para prevenir, controlar e impedir el consumo de drogas en el espacio público; impulsar la creación y mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorio de prevención de adicciones; y, generar mecanismos de coordinación con la sociedad civil para implementar las políticas públicas que se dicten sobre estos temas.
En el sistema educativo se desarrollarán políticas y programas que se encaminen a la formación de conciencia social y personalidad individual, para prevenir el uso y consumo de drogas. Además, en las mallas curriculares se incluirá de manera progresiva, la enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del consumo de estas sustancias y estrategias de prevención integral.
Según el proyecto, la Autoridad Educativa Nacional promoverá y controlará que las instituciones educativas organicen y ejecuten actividades extracurriculares que fomenten el adecuado uso del tiempo libre, mediante prácticas culturales, deportivas, recreativas y pedagógicas, en coordinación con los diferentes estamentos de la sociedad.
También, propone que la Autoridad Nacional en materia de Seguridad, en coordinación con la Autoridad Educativa Nacional, desarrolle actividades de monitoreo y vigilancia en los exteriores de los centros educativos, públicos y privados, a fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes.
Se propone la creación del Fondo Nacional Concursable para la prevención integral de esta problemática, que estará conformado por el 20 % de los recursos obtenidos por la venta de los bienes incautados por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
Así mismo, reforma la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en lo relativo a las causales de improcedencia de la naturalización de personas extranjeras, cuando han cometido graves delitos.
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