En el período 2017-2019, la Comisión de Soberanía Alimentaria, dirigida por Lenin Plaza, priorizó temas relacionados con la producción y comercialización del banano, así como un marco normativo para el sector de la palma aceitera, sin descuidar el análisis de los ejes centrales de la nueva Ley de Desarrollo Agrario, con la participación de diversos sectores sociales, económicos y productivos.
Respeto del proyecto de Ley que Regula la Producción y Comercialización de Banano, Plátano, Orito y otras variedades afines, que tiene por objetivo regular, promover e incentivar la producción, comercialización interna y externa de esta fruta, que tiene una incidencia del dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, fue debatido en primera discusión en el Pleno.
Posteriormente, la Comisión visitó las provincias de Guayas y el Oro, a fin de recoger la opinión de los pequeños, medianos y grandes productores, así como las empresas que comercializan la fruta, a fin de elaborar el informe para segundo debate.
Así mismo, la Comisión emitió el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados, sobre la base de los insumos desarrollados en la subcomisión, presidida por Juan Carlos Yar, instancia que socializó la propuesta con diversos actores relacionados con la industria aceitera.
El proyecto contiene 27 artículos que tratan temas como producción de palma aceitera, registro de productores, créditos para este sector y comercialización, entre otros, considerando que se refiere a una actividad que data de 1960, con una incidencia del 0,89 % del Producto Interno Bruto.
Esta actividad genera más de 150 mil empleos directos. Solo en Esmeraldas hay zonas como Quinindé, La Unión, las Golondrinas, San Lorenzo, que viven directamente de la palma; en Santo Domingo de los Tsáchilas, la Concordia; en Quevedo y en provincias amazónicas como Orellana y Sucumbíos.
Control político
La Comisión se preocupó por atender las demandas de diferentes demandas de los sectores productivos, entre ellos, los productores de maíz, arroz y otras gramíneas, en torno a la política de precios, las compras que realiza el Estado, a través de la Unidad Nacional de Alimentos (UNAEP).
También atendió la problemática de los productores de leche y la situación por la cual atraviesan los ganaderos, sobre todo en las provincias de la zona centro del país, víctimas del abigeato (robo de ganado), quienes demandan sanciones más fuertes para este delito.
EG
