El proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero es justo, permite la reivindicación de derechos, devuelve a los ancianos jubilados su calidad de vida, es decir, subsana la flagrante violación constitucional que ocurrió en 2009, subrayó Franklin Robles, presidente de la Unión de Jubilados del Banco Central, quién acudió a la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las Obligaciones del Estado con los Jubilados, para exponer sus argumentos respecto de esta propuesta de Ley.
El proyecto pretende que el Banco Central del Ecuador pague a todos sus jubilados y pensionistas, al valor actual -con cargo a su presupuesto-, el monto de las pensiones que, por concepto de jubilación patronal, montepío, viudez o invalidez, se hallan pendientes desde 2009, cuando dejó de pagarles, ya sea en forma total o parcial.
Robles, dijo que representa a alrededor de 1.600 familias perjudicadas por las resoluciones administrativas relacionadas con el manejo del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Empleados, Jubilados y Pensionistas adoptadas en la administración anterior del Banco Central. Añadió que esto les afectó con mayor fuerza luego de la vigencia de las reformas a la Ley de Régimen Monetario.
Explicó que dichas reformas, a las cuales se sumaron otras decidiones administrativas dictadas por el directorio, obligaron al Banco Central a desconocer sus compromisos patronales, especialmente aquellos que tienen que ver con la jubilación de los empleados, lo cual vulnera principios de la doctrina universal de la no regresividad de derechos, aseveró.
Detalló que se conculcaron los derechos de alrededor de 200 personas con la supresión total de la pensión; 500 con la disminución del 70 %; y, a cerca de 700 jubilados más antiguos les congelaron sus pensiones, las cuales no fueron indexadas por concepto de la dolarización.
Al insistir que han sido severamente afectados en sus derechos, subrayó que alrededor de 170 jubilados han fallecidos, muchos de ellos, sin recibir este beneficio. Asimismo, indicó que la pensión patronal afectada se cubría con un fondo financiado por la institución y por los servidores de la entidad.
Sobre el tema, en días anteriores, la gerente del Banco Central, Verónica Artola, se pronunció en la Comisión y dijo que acatando la normativa vigente han cumplido lo que establece el fondo de pensiones. No obstante, pidió se revisen los antecedentes para la extensión del fondo, antes de tomar una resolución.
Informó, además, que habían ganado muchos juicios, uno de ellos, un reclamo presentado por los jubilados del Banco Central ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Según los jubilados este reclamo fue inadmitido, es decir, ni siquiera entró a un proceso, dado que Ecuador se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas con posterioridad a los hechos, materia del reclamo.
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