La ampliación de la zona de explotación petrolera y de amortiguamiento en la zona intangible Tagaeri Taromenane, ubicada en el Parque Nacional Yasuní, contemplada en el decreto ejecutivo 751, motivó a los miembros de la Comisión de Biodiversidad citar a los ministros de Ambiente, Marcelo Mata, de Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez; y, al Secretario de Derechos Humanos, Marlo Brito. Los secretarios de Estado deberán explicar la motivación de esta decisión que va en contra de la consulta popular de febrero de 2018, de los derechos humanos de pueblos y nacionalidades así como de la naturaleza.
En la sesión, donde comparecerán los funcionarios de Estado también serán invitados organizaciones de pueblos y nacionalidades de la región amazónica.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano mencionó que la aplicación de dicho decreto causó mucha polémica en la región Amazónica porque violenta la decisión tomada en la consulta popular de proteger la zona intangible, pues el artículo 3 autoriza construir plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.
Igual sentir tuvo el legislador Juan Cárdenas quien señaló que hay que cuidar la Pachamama. “Con el decreto ejecutivo se pretende destruir la reserva del Yasuní, por tanto, los ministros deben explicar esta situación”, dijo. En cambio, la legisladora Soledad Buendía planteó la necesidad de establecer la inconstitucionalidad del decreto porque violenta el artículo 57 de la Constitución, que determina que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible y en ellos estará vetado todo tipo de actividad extractiva, lo cual podría configurar la figura de etnocidio.
Los comisionados Fredy Alarcón, Edy Peñafiel, Henry Moreno, Absalón Campoverde, Liliana Durán, elevaron su voz de rechazó al decreto ejecutivo “porque rompe las intenciones de proteger el Yasuní y se mueven las fronteras de acuerdo a los intereses petroleros”. Se debe preservar la vida de todo ser humano, de pueblos que están en aislamiento voluntario, así como del patrimonio de la humanidad y los derechos de la naturaleza, precisaron.
Añadieron que hay que entender que en la zona de amortiguamiento no se puede realizar actividad extractiva y de perforación. Reiteraron la violación del artículo 57 de la Constitución y 162 del Código de Ambiente, razón por la cual dijeron que los funcionarios de Estado deberán explicar por qué se dan los contratos de participación.
La Comisión está llamada a que se cumpla la Declaratoria de Interés Nacional, hacer cumplir el mandato constitucional y legal, así como hacer respetar la decisión del pueblo tomada en la consulta de febrero de 2018. El decreto ejecutivo va en contra de esto, mencionó Fredy Alarcón, Vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad al precisar que se debe precautelar el bien común y no de las petroleras.
Resolución
Por unanimidad, los miembros de la Comisión aprobaron un proyecto de resolución por el Día Mundial del Ambiente, que será expuesto ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Dicho documento, recomienda a la Función Ejecutiva, para que las carteras de Estado, establezcan como política prioritaria la aplicación de los principios ambientales recogidos en la normativa constitucional e internacional sobre este tema.
Entre otros aspectos, también se exhorta a los gobiernos autónomos descentralizados del país, conforme a sus competencias establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) apliquen medidas y políticas urgentes de prevención y control de la contaminación ambiental, así como políticas para prevenir la expansión de asentamientos urbanos y la extensión de la frontera agrícola.
JLVN/ea
Más fotografías:
