La crisis que atraviesa el sistema penitenciario es preocupante, a pesar que rige un estado de excepción, el descontrol en los centros de rehabilitación es alarmante y las muertes de los reos aumentarán sino se aplican los correctivos necesarios. Estos fueron los comentarios que varios asambleístas pronunciaron en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales frente al último acontecimiento suscitado -el 11 de junio- en Centro de Privación de Libertad Zonal 8, en Guayaquil, que dejó como saldo una persona fallecida.
Ante estos hechos, la mesa legislativa -en ejercicio de su rol fiscalizador- aprobó una moción en la que plantea la comparecencia de los ministros del Interior, Defensa y Finanzas, autoridades y exautoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, el Secretario de Derechos Humanos y el comandante General de la Policía Nacional para que expliquen la situación del estado de excepción en el Sistema de Rehabilitación Social, mismo que fue decretado por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 16 de mayo.
El proponente de la moción fue el asambleísta Denis Marín. A la iniciativa se unió la legisladora Lexi Loor, quien pidió respuestas sobre qué medidas se han adoptado durante el estado de excepción, que pasó al interior del centro de privación de la libertad en Guayaquil, y de qué manera se difunden videos -que circulan en las redes sociales- desde el interior de las cárceles.
De su parte, el legislador René Yandún opinó que lo sucedido en el sistema carcelario es resultado de la falta de estructura, organización, funcionamiento y tecnificación. Además, de la capacitación de quienes están a cargo de las personas privadas de libertad. Expresó que es necesario adquirir equipos de visión y escucha -diurno y nocturno- y un sistema de rayos ultravioletas para controlar el ingreso.
Plan de trabajo
La Comisión también aprobó el plan de trabajo que desarrollarán de junio a diciembre de 2019. Entre los puntos destacados están: Código Orgánico de Seguridad del Estado, denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), proyecto de Ley de Navegación, Gestión de Seguridad y Protección Marítima, reformas a la Ley de Movilidad Humana, tratados internacionales, entre otros.
Los legisladores, también pidieron que se incluyan temas de fiscalización, entre ellos: la aplicación de la Ley Fronteriza, el seguimiento a los casos de Óscar y Katty (asesinados en la frontera) y el femicidio ocurrido con Diana Carolina, en Ibarra.
SV/ea
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